Las mejores perspectivas de recuperación de la economía mundial han desplazado la atención de los mercados hacia los efectos de largo plazo de los cuantiosos estímulos fiscales y monetarios puestos en marcha alrededor del mundo, para rescatar los sistemas financieros y sostener la demanda agregada. Los mayores temores radican en un recrudecimiento de la inflación por la expansión de los balances de los bancos centrales y la monetización de los déficits públicos, por una parte. Y en el deterioro de la solvencia de los estados, por la otra.
Como respuesta a estos temores, las curvas de rendimiento de los bonos de deuda pública se han empinado. La persistencia de esta tendencia por un período prolongado entraña eventualmente un obstáculo que puede devenir mayúsculo para la recuperación.
En Colombia, la estrategia fiscal adoptada por el Gobierno Nacional es prudente, de acuerdo con los estándares internacionales en boga en la coyuntura actual, pues entraña las ventajas de un bajo costo fiscal y una “reversión automática”, cuando se afirme la recuperación. No obstante, tiene la desventaja de proveer un estímulo minúsculo a la demanda. La posibilidad de tener en el futuro una estrategia fiscal anti-cíclica descansa parcialmente en la adopción de una regla fiscal que estimule el ahorro durante el auge.
Gracias a su estrategia fiscal, el Gobierno ha mantenido la confianza de los mercados en su solvencia, de manera que los precios de los activos domésticos han evolucionado en línea con los de las economías con sólidos marcos institucionales de política y fuertes fundamentos macroeconómicos en la región –Brasil, Chile, México y Perú-. Con el propósito de reforzar la confianza, el Gobierno debería estudiar una agenda de reformas estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo. Sin embargo, para implementarlas se requiere que el crecimiento se haya dirigido firmemente a su tendencia de largo plazo, porque algunas de ellas –particularmente la tributaria- podría retrasarlo o desviarlo.