El mercado financiero colombiano está fragmentado. Coexisten un segmento formal, en el cual operan los intermediarios vigilados por la Superfinanciera; y otro informal, no supervisado ni regulado. Mientras el primero está sujeto a estrictas normas legales, que rigen la revelación de información y la adopción de medidas y altos estándares de seguridad, el segundo no. Esto genera inseguridad jurídica y un riesgo muy alto para el ahorro intermediado informalmente.
El desarrollo de los medios de pago electrónicos constituye una oportunidad para masificar el acceso de la población al mercado financiero formal. A través de este canal aumentaría la bancarización y se profundizaría el sistema financiero. Esto estimularía el crecimiento económico e incrementaría las oportunidades de progreso social, al reducir el costo de los servicios financieros y al conducir a una asignación más eficiente del ahorro a las inversiones más productivas.
Para lograr estos propósitos se requiere una normatividad coherente y armónica, precisa y equilibrada, que brinde seguridad y confianza a los usuarios. Y además, que favorezca la iniciativa privada en la adopción de nuevas tecnologías.
Sin desconocer los avances normativos sobre el comercio y los medios de pago electrónicos, se requieren todavía profundas reformas regulatorias para estimular su desarrollo. Es necesario reglamentar el uso de la información sobre los hábitos de consumo, historias clínicas y seguridad pública. La preferencia otorgada por las autoridades al uso de la firma digital (que es más costosa) sobre la electrónica, constituye una barrera de entrada para el público, que es deseable remover. Se precisan acuerdos sobre las características, funciones económicas, responsabilidades de las partes, acceso y procedimientos involucrados en el comercio y la utilización de medios de pago electrónicos. En la actualidad, la estructura tributaria privilegia el uso del dinero en efectivo sobre los medios de pago electrónicos. Se requiere generar confianza en los mercados, mediante avances en seguridad informática y divulgación de las normas sobre el comercio y los medios de pago electrónicos. Finalmente, se precisa claridad regulatoria sobre la operación de estos canales en transacciones transfronterizas.