El avance tecnológico del sector financiero, que ha facilitado a los clientes la realización de más de 1.156 millones de operaciones por $2.266 billones de pesos durante el primer semestre de este año, ha facilitado también el actuar de las organizaciones delincuenciales, que ven en el cibercrimen una “gran oportunidad de negocio”.
Al respecto, las entidades bancarias han venido migrando hacia sistemas “inteligentes” de seguridad. Pero es necesario complementar estas acciones con las de otros actores que permitan mejorar en la prevención, detección y sanción de los delitos financieros.
Frente a los clientes existe el reto de lograr un cambio de hábitos en materia de seguridad. Hoy enfrentamos un escenario en el que el consumidor financiero conoce las recomendaciones de seguridad, pero no las pone en práctica. Para esto, se precisa del apoyo de las autoridades y de los medios de comunicación en el fortalecimiento de la divulgación de mensajes que creen conciencia de la importancia, por ejemplo, de cambiar las claves con periodicidad, personalizar las transacciones y recibir información en línea respecto de cada una de estas.
En cuanto a las autoridades, debe trabajarse en tres frentes para combatir el cibercrimen: El institucional que es fundamental para generar identidad al interior de la organización y propiciar mayor agilidad en los procesos. El de formación profesional, para que la policía judicial, los fiscales y los jueces adquieran los conocimientos y la experticia requerida para identificar, investigar y juzgar los casos producto de la comisión de este tipo de delitos. Y el de adecuación tecnológica, para que esas mismas autoridades dispongan de las herramientas necesarias para realizar las pesquisas y evaluaciones que precisan para el desarrollo de la investigación o fallo judicial.
Por su parte, y en especial en lo relacionado con el comercio electrónico, es necesario involucrar a todos los actores que participan en la realización de este tipo de transacciones, bajo un principio ético: nadie puede beneficiarse del fraude. En sentido práctico, si el pago de cualquier servicio se hace con dineros provenientes de fraude, el comercio o la entidad que es beneficiaria de esos pagos debería no aceptarlos como válidos y rechazar la operación. Hoy en día el problema queda exclusivamente entre el cliente defraudado y la entidad financiera. Es por lo anterior, que todos estos actores deben trabajar coordinadamente para mitigar los riesgos de fraude y por ello es de la mayor relevancia que la regulación incluya a todas las instituciones implicadas en la cadena.