Por sus defectos institucionales, el actual régimen de regalías resultó ineficaz en la administración e ineficiente en la asignación de los recursos. La mala gestión generó corrupción y ésta, a su vez, condujo al despilfarro de cuantiosos fondos. En un país donde las necesidades de la población son apremiantes, los recursos para satisfacerlas escasos y la desigualdad social y regional inmensa, las asignaciones ineficientes y el despilfarro tienen unos costos muy altos en términos del progreso social y el bienestar de la población. Por eso, con el propósito de enmendar los errores, la Administración Santos diseñó y presentó al Congreso un proyecto de reforma a ese régimen.
La reforma pretende, en primer lugar, mejorar la equidad en la distribución de las regalías, para que lleguen a una mayor proporción de la población. En segundo lugar, persigue invertirlas de manera tal que aumenten la competitividad de las regiones, para que financien su desarrollo de una manera más eficaz que hasta ahora. En tercer lugar, busca ahorrar una parte de ellas para suavizar intertemporalmente la inversión de las ET y amortiguar la volatilidad de la tasa de cambio. Y por último, trata de lograr una asignación más eficiente de estos recursos, que evite su malversación y despilfarro.
En general, la reforma va en la dirección correcta, pero en su versión actual no es óptima. En aras de asegurar su aprobación, mantuvo las regalías directas, establecidas por el régimen vigente. Con ello sacrificó la posibilidad de lograr una menor disparidad regional en la distribución de estos recursos. Además, durante su trámite en el Congreso introdujo demasiadas rigideces en la distribución de las regalías, que si se aprueban, quedarán en la Constitución.
El recurso a un acto legislativo para empotrar el nuevo régimen en la Constitución quizá sea motivado por el deseo de lograr el compromiso de las administraciones siguientes con él, para prevenir su desmonte expedito, como ocurrió en el pasado con el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. No obstante, si el nuevo esquema resulta ineficaz o ineficiente, tal inflexibilidad constituirá una camisa de fuerza para reformarlo posteriormente.
En suma, en su estado actual el nuevo régimen estaría en capacidad eliminar la prociclicidad del anterior y brindaría inclusive la posibilidad de implementar estrategias fiscales contracíclicas. Podría también conducir a una distribución más equitativa y a una asignación más eficiente de las regalías. Y contribuiría a fondear el pasivo pensional de las regiones, mejorando la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, para lograr estos propósitos haría más rígida la regulación que en el ordenamiento legal vigente.