Un establecimiento de crédito puede ser descrito como una entidad especializada en la gestión de riesgo, cuyo negocio es asumir no solo el riesgo propio sino también compartir el de terceros. Es por ello que en el caso de estas entidades el manejo del riesgo se ha venido sofisticando, de la mano de la regulación y la supervisión, de suerte que en la actualidad es imprescindible que dispongan de sistemas de manejo de riesgo de diversos tipos: el de crédito, el de liquidez, el de mercado y el operativo. Si bien la tradición ha sido que se adopte un sistema de administración y manejo para cada uno de ellos, la tendencia hacia adelante es hacia el logro de un sistema de manejo integral de todos los riesgos.
Al respecto, la industria ve con buenos ojos la iniciativa planteada por la Superintendencia Financiera de implementar un Sistema de Administración de Riesgos Financieros (SARF), el cual puede constituirse en una herramienta valiosa para avanzar en el proceso de la gestión integral de todos los riesgos. De acuerdo con lo anunciado por el Supervisor en foros recientes, este sistema propenderá por eliminar arbitrajes regulatorios; identificar la interacción existente entre los cuatro riesgos; reconocer sus nuevas fuentes y ofrecer una mayor flexibilidad que facilite su ajuste a la evolución de los mercados y a la aparición de nuevos productos.
Ahora bien, el reto de manejar el riesgo de forma integral no solo comprende las interacciones que existen entre los cuatro tipos de riesgo hoy estudiados, sino también las interacciones que existen entre la gestión del riesgo y la gestión comercial de las entidades.
Lo anterior, implica al interior de cada institución un compromiso profundo de toda la organización con la identificación, gestión y mitigación del riesgo, y, desde el punto de vista de la regulación y la supervisión, una coordinación más efectiva y una concepción menos conservadora, que pase de la prohibición o minimización del riesgo al estímulo de su adecuada gestión. El progreso financiero consiste en que las entidades puedan definir más libremente su apetito de riesgo, y encuentren mecanismos idóneos para gestionarlo de manera adecuada, de acuerdo con sus fortalezas competitivas.