Los mercados de deuda privada promueven el desarrollo económico de un país, porque permiten canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, a través de los bonos emitidos por las empresas para captar recursos con los cuales financian sus actividades. En el caso de Colombia, durante la última década se presentó un importante crecimiento de este mercado, que llevó a la emisión histórica de recursos por COP 14 billones en 2009.
Este desarrollo estuvo acompañado por importantes avances en materia de regulación, infraestructura e innovación financiera que han permitido contar con un mercado de deuda más eficiente. Además, el sector real ha ganado una participación importante en los últimos años.
Recientemente parece que este dinamismo ha venido perdiendo fuerza. Dentro de las razones que explican esta tendencia se encuentran factores desde el lado de la oferta y la demanda. En el primer caso, el incremento en las tasas de interés durante 2011 aumentó los costos por concepto del servicio de la deuda. En términos de la demanda, la existencia de límites prudenciales que desincentivan el apetito por estos instrumentos, sumado a la ausencia de un mercado que incentive la negociación y la liquidez para las emisiones de las empresas, especialmente para las pymes, dificulta aún más este desarrollo.
Internacionalmente se ha promocionado el desarrollo del mercado de deuda privada a través de dos caminos. Por un lado, se ha buscado facilitar el proceso de emisión para las entidades que ya son actores recurrentes en el mercado. Por otro, los esfuerzos se han enfocado en la inclusión de pequeñas y medianas empresas (pymes) en los mercados de valores, así como la constitución de ambientes de negociación dirigidos hacia este tipo de títulos e inversionistas.
Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha propuesto generar una nueva agenda que promueva el desarrollo del mercado de deuda privada, la cual pretende redefinir el papel de algunos intermediarios, facilitar los procesos de originación y fortalecer la negociación de los instrumentos emitidos por las entidades. Consideramos que estos esfuerzos están encaminados en la dirección correcta y deben ser una prioridad durante los próximos años.