Numerosos estudios han encontrado que el sistema general de pensiones en Colombia (SGP) tiene tres fallas principales. La primera es su baja cobertura: quienes tienen el beneficio de la pensión son una proporción muy baja (18,5%) de los que deberían tenerlo. Este problema es causado por las fallas del mercado laboral. Debido a su alta informalidad pocos ciudadanos alcanzan a completar los requisitos definidos para lograr una pensión. La segunda falla es que quienes cuentan con el beneficio de la pensión en el régimen de prima media (RPM) que administra el Estado, reciben con fondos públicos unos subsidios injustificables desde el punto de vista de la equidad. Resulta escandaloso que el subsidio sea mayor entre más altas las mesadas que reciben los pensionados en el RPM. Es absurdo que quienes tuvieron la capacidad de generar mayores ingresos durante su vida laboral, y por tanto accedieron a una pensión mayor, reciban un subsidio más alto durante su época de pensionados. La regresividad en las pensiones del RPM es una de las razones que explica por qué Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y por qué la política pública en nuestro caso no contribuye a reducir la desigualdad, sino a exacerbarla. La tercera falla del SGP es la de la sostenibilidad financiera del RPM, que se convirtió de manera paulatina en el problema de la carga fiscal que implica sostenerlo, como consecuencia de su inviabilidad. Si después de varias reformas el RPM devino financiable desde el punto de vista fiscal, es porque dejó por fuera al grueso de la población.
La propuesta de reforma del Ministerio del Trabajo pretende combinar los dos regímenes existentes en Colombia –el RPM y el de ahorro individual (RAIS)− en un ―régimen de pilares‖ (RP). En el nuevo RP los aportes de los trabajadores irían, en una parte, a un fondo común y, en otra parte, a una cuenta de ahorro individual. La propuesta mejoraría la equidad porque todos los pensionados recibirían el mismo subsidio. Al reducir la masa de los subsidios los recursos podrían alcanzar para aumentar la cobertura de la protección social. La propuesta también busca mejorar la cobertura de la protección a la vejez con programas de asistencia social a los adultos mayores, que no pueden acceder a una pensión.
Desde nuestro punto de vista, la propuesta del Ministerio puede tener aspectos inconvenientes, pero es un punto de partida razonable para un debate fructífero sobre cómo superar un statu quo que es inaceptable para el país. Cuando las fuerzas sociales se asientan en un equilibrio, es muy difícil cambiarlo. Pero no se puede perder de vista que el equilibrio pensional en el cual se halla hundida la sociedad colombiana es perverso, y se deben hallar las energías, así sean ingentes, para cambiarlo. Ante todo, hay que valorar la actitud de inconformidad del Mintrabajo con un problema de bulto. Sería una lástima que otra oportunidad más para tratar de avanzar en este tema se perdiera.