Con el propósito de reducir la desigualdad y estimular la generación de empleo formal, el Gobierno del Presidente Santos presentó a consideración del Congreso un proyecto de reforma tributaria (RT), que introduce modificaciones importantes en el régimen del impuesto de renta para las personas naturales y para las jurídicas, en la financiación de una parte considerable del gasto social y en el IVA.
En la búsqueda de una mayor progresividad en el impuesto de renta para las personas naturales, que contribuya a reducir en el mediano plazo la desigualdad, en su estado actual el texto para debate de la RT propone aumentar la carga para el decil más rico de la población. Para lograrlo limita la utilización de los beneficios vigentes y endurece la tributación sobre las rentas de capital. El fin es encomiable. Sin embargo, no sobra advertir que si el incremento de la carga es exagerado, podría tener efectos indeseables sobre la actividad económica o la tasa de cambio, en el corto plazo; y sobre la capacidad de crecimiento de la economía, en el largo plazo.
El cambio en los mecanismos de financiación del SENA, el ICBF y la salud es deseable, por el impacto adverso que tienen las contribuciones parafiscales y los aportes de los empleadores a la salud de sus empleados, sobre el costo del trabajo formal. Esta medida, además de estimular la generación de empleo formal, mejoraría la competitividad de la producción nacional, porque equivaldría a una devaluación de la moneda.
Es pertinente sugerir, no obstante, que tampoco convendría incrementar demasiado la tributación sobre las firmas, por sus consecuencias negativas sobre la inversión, la productividad, la remuneración del trabajo y la tasa de crecimiento potencial de la economía.
Las modificaciones propuestas en el IVA también son deseables, por una parte, para mejorar su eficiencia y productividad. Y por la otra, para incrementar el flujo de caja de las firmas, de manera que disminuyan sus costos financieros y mejore su capacidad de expansión.
Por estas razones, la propuesta de RT constituye un paso audaz en la dirección correcta. Las autoridades tienen que afinar al extremo la mezcla de estrategias, para maximizar sus beneficios y minimizar sus costos.
Queda pendiente una propuesta para mejorar la progresividad del gasto público, anulada hoy por las transferencias para fondear el esquema público de pensiones de prima media.