Los constantes avances tecnológicos han implicado cambios en los conceptos de seguridad y han venido generando nuevos retos en cuanto a las acciones y estrategias. Por ejemplo, la posibilidad que brinda la tecnología de establecer comunicaciones y relaciones entre agentes ubicados en cualquier lugar del mundo, por su parte, ha llevado a la transnacionalización de la economía y, por ende, a la transnacionalización del delito. Estamos frente a grandes redes internacionales, que incluso utilizan recursos, producto del fraude, para financiar otras actividades criminales.
En lo relacionado con la prestación de los servicios bancarios, los retos también son evidentes y constantes las acciones requeridas de las instituciones financieras para enfrentarlos. La utilización de herramientas y tecnologías que permitan mitigar los riesgos de fraude a sus entidades y a sus clientes es un trabajo incesante por parte de las organizaciones.
No obstante, atacar los delitos de los que son víctimas los bancos y sus usuarios requieren del trabajo mancomunado de todos los actores que se encuentran inmersos en una transacción bancaria, tales como los proveedores de servicios que participan en la transacción, las empresas beneficiarias de pagos fraudulentos y el cliente.
Así mismo, la tecnificación propia de las modalidades que utilizan los delincuentes informáticos exige cada vez más un amplio conocimiento por parte de los investigadores, fiscales y jueces acerca de las conductas y estrategias de los cibercriminales, así como respecto de los tipos de evidencias que deben valorarse como acervo probatorio. Además, la Fiscalía tiene importantes desafíos que permitan superar las dificultades al momento de investigar y judicializar las conductas relacionadas con delitos informáticos que están configuradas en la legislación.