El marco institucional en Colombia permite una amplia intervención estatal en la economía, en favor de la equidad y la justicia social. Con este propósito, la Constitución Política estableció un Estado de bienestar, cuya función es garantizar el derecho a unos estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación y educación a todos los ciudadanos. En caso de incumplimiento, ellos disponen de una serie de mecanismos –como la tutela– para garantizarlos. Esto ha desatado un intenso “activismo judicial”, mediante el cual los jueces ordenan al Estado cumplirlos. La Carta Política establece además que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, al cual le otorga amplias facultades de intervención. El desarrollo jurisprudencial de algunos principios constitucionales, como el de la solidaridad social, el de la dignidad humana y el de la justicia distributiva, también conduce a un Estado con grandes obligaciones y facultades de intervención.
El hecho de que el Estado pueda intervenir no significa que tenga que hacerlo permanentemente o en todo ámbito. A pesar de que el entorno institucional en Colombia favorece y exige la intervención estatal, también establece las condiciones para el buen funcionamiento de una economía de mercado. En Colombia se respeta la propiedad privada adquirida de manera legítima, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, la libre competencia es un derecho y el Estado, por mandato de la ley, debe impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica. Por tanto, el ordenamiento institucional en Colombia busca, por una parte, que le economía sea eficiente y competitiva, para que produzca de manera eficiente la mayor cantidad de bienes y de servicios con base en los cuales maximizar el bienestar de sus población. Con este propósito permite el libre desenvolvimiento de la iniciativa privada y asigna los recursos productivos a través del mercado. Al mismo tiempo, por otra parte, esas instituciones buscan que la economía se equitativa y promueven la justicia social a través de un Estado de bienestar con amplias facultades de intervención.
Resulta paradójico que con unas facultades tan amplias del Estado para corregir las fallas de eficiencia y de equidad de los mercados, éstos sean ineficientes y la economía una de las más inequitativas del mundo. Esto sugiere que la intervención del Estado en Colombia es ineficaz. Quizá una de las razones que lo explica sea que una proporción alta de la regulación económica no es diseñada por técnicos especializados. El riesgo que se corre con ello es introducir distorsiones que tienen un costo alto sobre el desarrollo libre de la iniciativa privada, la competencia y la eficiencia de los mercados. Una idea que amerita discusión es si la regulación económica, a parte de los impuestos, debería delegarse en organismos públicos de carácter autónomo –de naturaleza similar a la del Banco de la República–, dentro de los propósitos de justicia social establecidos por la Constitución. De esta manera, una regulación y unas normas diseñadas por expertos sectoriales estarían blindadas a las influencias políticas. Este tipo de marco normativo para la iniciativa privada minimizaría las distorsiones en los mercados, con lo cual aseguraría una mayor eficiencia, al tiempo que conseguiría una mayor equidad.