La educación es uno de los pilares de la competitividad de las naciones. Por esta razón es un instrumento para acelerar el crecimiento económico y para mejorar el bienestar de la población. Por medio de ella las economías acumulan una parte del capital humano, constituida por el acervo de conocimiento de los trabajadores. La otra parte, que corresponde a su destreza, la adquieren en el ejercicio del trabajo. Entre más alta sea la dotación de conocimiento del trabajador, mayor será su capacidad para adquirir habilidades en sus labores diarias. Por este motivo, la educación es uno de los determinantes más importantes de la productividad del trabajo y, a través de ella, de la retribución que recibe este factor. De esta manera, la educación define las oportunidades laborales y acota los salarios de los trabajadores. Por tanto, puede ser un medio eficaz para impulsar la movilidad social. Además, a través del acervo de conocimiento que almacena e imparte a los miembros de la sociedad, la educación también constituye un insumo fundamental para la innovación y el progreso tecnológico, que incrementan la productividad. La educación, en consecuencia, puede ayudar a reducir la pobreza, porque está en capacidad de acelerar el crecimiento y de hacer más equitativa la distribución del ingreso. Con el propósito de que sea un vehículo eficaz para la expansión de las economías y un medio para promover el progreso social, la educación debe ser de óptima calidad y toda la población debe tener igualdad de oportunidades para acceder a ella.
De manera desafortunada, una brecha amplia separa la cobertura y la calidad de la educación en Colombia de las que tiene en los países más desarrollados. Esto ha incidido en que el país no haya podido crear episodios sostenidos de incremento de su productividad durante las dos últimas décadas. Además, el acceso a ella no es equitativo entre los estratos socioeconómicos de la población, ni entre la ciudad y el campo, ni tampoco entre las regiones del país. De modo que entre nosotros la educación se convirtió en una fuente de desigualdad.
Por estos motivos es urgente que el país persista en ampliar su cobertura, en mejorar su calidad y en distribuirla de forma equitativa. Para ello es indispensable captar en la docencia lo mejor de su talento humano, llevar a la excelencia académica los programas universitarios mediante los cuales forma a sus profesores e incentivarlos para que enseñen en todos los lugares del territorio nacional. El prestigio social y la remuneración de esta profesión deben, en consecuencia, incrementarse de acuerdo con el capital humano que posean los maestros y con los resultados que obtengan en su labor.
El nuevo estatuto docente constituyó un primer paso acertado en esta dirección, que debe afirmarse y prolongarse con una profunda reforma que aumente el capital humano de los docentes, los incentive para alcanzar la excelencia académica y premie sus buenos resultados e incluso castigue los malos. Aquí no se puede recular. El bienestar de nuestra población y la viabilidad de nuestra sociedad dependen de la firmeza y la constancia de las estrategias públicas en este campo. Estas deben, por tanto, convertirse en políticas de Estado.