La crisis secular del agro colombiano obligó al Gobierno Nacional a incrementar el gasto público dirigido a este sector. Para financiar el aumento, las autoridades prefirieron allegar ingresos adicionales a partir de 2014, que incumplir la regla fiscal y acrecentar la deuda pública. Por eso proponen posponer por un año el cronograma de eliminación progresiva del GMF, aprobado en la mini reforma tributaria de 2010.
En el debate público se ha justificado la idea argumentando que, como en el pasado este impuesto se usó para rescatar a la banca, con mayor razón puede utilizarse ahora para financiar las necesidades del campo. Aunque el propósito es encomiable, el argumento es impreciso. Los fallos de la Corte Constitucional sobre las medidas tomadas en la emergencia económica de 1998 establecieron que el apoyo al sector financiero se limitara a la banca pública, a las cooperativas financieras y a los alivios para los deudores del sistema UPAC. Con ello se excluyó a la banca privada. Con base en esas sentencias, la destinación inicial de los recursos provistos por el GMF fue un 10% para la capitalización de la banca pública, un 30% para la de la banca cooperativa y un 60% para los alivios a los deudores hipotecarios. Por tanto, el GMF no se usó nunca para rescatar la banca privada.
La capitalización de la banca privada tuvieron que hacerla sus accionistas, con recursos propios (20%) y con créditos de FOGAFIN (80%), a tasas de mercado y respaldados por el patrimonio de los accionistas, en caso de incumplimiento. Los recursos de las líneas de crédito se debían utilizar para capitalizar las entidades financieras. Estas debían recibir títulos de deuda de FOGAFIN. En consecuencia, la capitalización de la banca privada se hizo con bonos de deuda pública que tocaba vender, en caso de necesidades de liquidez, con un descuento. Así, tanto los accionistas como las entidades financieras privadas pagaron unos costos financieros por el “rescate”. En ningún caso se gastaron recursos públicos con este propósito. Además, los recursos y las reservas que tenía FOGAFIN se habían constituido con el seguro de depósito que aportaron los bancos, como un porcentaje de sus captaciones. Los establecimientos privados capitalizados por este mecanismo sortearon la crisis. Sus accionistas cumplieron a cabalidad sus obligaciones con FOGAFIN. En contraste, la banca pública se capitalizó en una gran medida con bonos gubernamentales de vigencias futuras y luego se privatizó con utilidades. De esta manera, el rescate de los bancos en esa oportunidad fue ejecutado en realidad por sus dueños: los públicos por el Estado y los privados por sus accionistas.
El retraso en la eliminación del GMF es una mala noticia para los colombianos que hacen sus transacciones financieras dentro de la formalidad. Perjudica además los esfuerzos de inclusión y profundización financiera. Sin embargo, Asobancaria respalda los apoyos que se están diseñando para el agro colombiano, porque en el campo se concentran los problemas de pobreza, informalidad, baja productividad y falta de oportunidades de progreso social, que con frecuencia alimentan la ilegalidad, el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y la violencia. Asobancaria comprende la necesidad de recurrir otra vez a la prolongación por un año más del GMF. No obstante, espera que después de 2014 las autoridades persistan en la eliminación de este impuesto, que es anti-técnico y perjudicial.