Un dolor de cabeza

Fuente: La República 

La reciente divulgación de los denominados “Papeles de Panamá” renovó el debate en torno a la existencia de las sociedades offshore, su reglamentación y conveniencia.  Bien vale la pena señalar que la constitución de este tipo de sociedades no es reprochable per se, dado que es una herramienta muy útil para aquellas personas que tienen como actividad el comercio exterior, en la medida en que facilita el movimiento de capitales, reduce costos y previene la materialización de riesgos cambiarios. Sin embargo, hay que señalar también que algunas personas han utilizado este tipo de sociedades para ocultar bienes o capitales (evitando declararlos en su país de residencia), lavar activos, entre otras actividades ilícitas, lo que ha terminado afectando los niveles de recaudo efectivo.

Así lo muestra un estudio de la Ocde, que encontró que para 2013 las pérdidas globales por recaudo del impuesto sobre las sociedades estuvieron entre 4% y 10%, esto es, entre US$100.000 millones y US$240.000 millones. Sin lugar a dudas, la evasión fiscal se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las administraciones tributarias, por lo que varios organismos internacionales como la Ocde o la Comisión Europea han trabajado fuertemente en planes y proyectos para enfrentar esta problemática y dotar a las administraciones de mejores herramientas para lograr una fiscalización más eficiente.

Un ejemplo de ello es el “Plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios” (Beps por sus siglas en inglés), un proyecto liderado por la Ocde cuyo objetivo principal es combatir las planeaciones tributarias agresivas de los grupos empresariales o multinacionales, que encuentran en los vacíos normativos de la tributación internacional una gran oportunidad para eludir.

Colombia no ha sido ajena a este proceso y ha venido incorporando acciones en línea con la normativa internacional y las recomendaciones de la Ocde. En efecto, en las últimas reformas tributarias, el país incluyó importantes medidas para combatir la evasión y la elusión, como la cláusula general antiabuso, las normas de subcapitalización introducidas con la Ley 1607 de 2012, así como el impuesto de normalización tributaria, creado con la reforma de 2014, normas que buscan detectar y sancionar aquellas operaciones que tienen por objeto minimizar el impacto tributario.

Uno de los pasos más importantes que ha dado el país en su incansable lucha contra la evasión fue la creación del impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza, una especie de amnistía que busca motivar a los residentes fiscales colombianos a legalizar sus activos omitidos y normalizar sus declaraciones. Adicionalmente, como complemento a esta disposición, la Ley 1739 de 2014, que comenzará a regir a partir del 2018, busca agravar la sanción sobre activos omitidos o pasivos inexistentes.

Si bien el país ha avanzado de manera importante en este frente, aún persisten vacíos regulatorios, en especial en lo que tiene que ver con las normas generales antiabuso. Dicha normatividad ha sido ampliamente criticada por su generalidad, pues su aplicación depende en gran medida del criterio que tenga el funcionario administrativo sobre la norma y operación económica concreta que esté fiscalizando. De allí que establecer si una operación o estructura de planeación tributaria es legítima no es una tarea fácil en la práctica.

Luchar contra la evasión fiscal requiere no solo del decidido esfuerzo del país en materia regulatoria, sino de la cooperación internacional de las diferentes administraciones tributarias, del establecimiento de lineamientos y normas generales a nivel internacional y del trabajo conjunto entre países en el intercambio de información.

Solo así, las administraciones podrán contar con mejores herramientas para fiscalizar y sancionar a los evasores. Esto traería enormes beneficios en términos de recaudo, fortalecimiento fiscal y eficiencia, garantizaría una sana competencia entre las diferentes jurisdicciones y permitiría que los grandes capitales tributen de manera más equitativa.

Banca y Economía

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    Carlos Alberto Ruiz Martínez

    Vicepresidente de Asuntos Corporativos

    Es economista de la Universidad Nacional graduado con honores, con Maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona.

    Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue viceministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, Analista Económico de Fedesarrollo, y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros.

    Monica Gomez

    Mónica María Gómez Villafañe

    Vicepresidenta Administrativa y Financiera

    Es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, con Especialización en Derecho Notarial y Derecho de Registro de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

    Entre otros cargos, se ha desempeñado como Directora Jurídica y Secretaria de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Laboratorios de Investigación y Desarrollo AFIDRO, Secretaria General de la Aeronáutica Civil de Colombia y actualmente es la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA, responsable además de la gestión administrativa y financiera, de los eventos de la asociación y desarrollo de nuevos negocios.

    Jose Manuel gomez

    José Manuel Gómez Sarmiento

    Vicepresidente Jurídico

    Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con Especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialización en Banca de la Universidad de los Andes, Especialización en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y aspirante el título de Doctor en Docencia de la Universidad de la Salle de Costa Rica.

    Entre otros, se desempeñó como Gerente Jurídico y Secretario General de Leasing de Occidente, Secretario General y Primer Suplente del Presidente del Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario FINAGRO, Profesor en pregrado y posgrado de varias Universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el Vicepresidente Jurídico de la Asociación.

    Alejandro Vera

    Alejandro Vera

    Vicepresidente Técnico

    Es economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en Finanzas. Posee además un Master en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE), que obtuvo gracias a una beca otorgada por Colfuturo en 2007.

    A nivel profesional, inició su carrera como Asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en Londres, para cursar estudios de maestría, trabajó como consultor de la International Budget Partnership (IBP), ONG basada en Washington D.C. También fue Investigador, Jefe de Investigaciones Económicas y, posteriormente, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En este último cargo estuvo por ocho años.

    A nivel académico ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Técnico de Asobancaria.

     

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    Jonathan Malagón González

    Presidente

    Jonathan Malagón González nació en Riohacha, La Guajira, el 10 de agosto de 1984. Es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador (Bachelor of Science in Management) de la University of London. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Master en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona y un PhD en Economía de Tilburg University.

    En enero de 2023, fue designado como presidente ejecutivo de ASOBANCARIA. Previamente, ha ejercido el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia entre 2018 y 2022, vicepresidente de ASOBANCARIA, director de Análisis Macroeconómico y Sectorial de FEDESARROLLO, gerente del programa COMPARTEL del Ministerio de las TIC, gerente de Control de Gestión, asistente del CEO y jefe de Estudios Económicos de TELEFÓNICA COLOMBIA e investigador de ANIF.

    Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colomba, Universidad de los Andes y del CESA.