• Las instituciones financieras deben gestionar potenciales riesgos financieros, reputacionales, crediticios, de mercado y de responsabilidad civil, derivados de los efectos adversos que podrían generar las actividades comerciales de sus clientes o de los proyectos que financian sobre el ambiente y la sociedad, por lo cual es necesaria su detección y gestión de manera oportuna. En este sentido, algunas entidades han avanzado en la autorregulación mediante la creación de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), que incorpora políticas, mecanismos, herramientas y procedimientos para identificar, gestionar y monitorear estos potenciales riesgos.
• Existen diferentes estándares internacionales que contienen directrices en materia de riesgos ambientales y sociales, y que han servido de insumo para que algunas entidades financieras implementen de manera adecuada su SARAS. Entre ellos se destacan: (i) los Principios del Ecuador; (ii) las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC; y (iii) los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas.
• A nivel internacional, el “Reporte de Progreso Global” de la Red de Banca Sostenible, arroja que dos terceras partes de sus 38 países miembros han presentado un progreso significativo en el camino hacia una banca sostenible, de los cuales 20 ya se encuentran implementando políticas de ARAS, y seis están en proceso de formulación de normativa o de estándares de industria.