• Los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Grupo Egmont y del Gobierno colombiano, indican que, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas no es el único delito subyacente del LAFT. Durante el último año, no han cesado los escándalos nacionales y regionales asociados a los delitos contra la administración pública y privada. Asimismo, el contrabando a nivel global presenta una tendencia marcadamente creciente. Y el número de víctimas y la cantidad de recursos ilícitos asociados a la trata de personas y el tráfico de migrantes se incrementa de forma alarmante.
• La coyuntura actual conduce a la imperante necesidad de “desnarcotizar” el lavado de activos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En Asobancaria comprendemos la necesidad de analizar, entender, tipificar, prevenir y mitigar otros delitos, pues las organizaciones criminales que los cometen con el fin de aumentar sus recursos, transformar, administrar y ocultar su origen ilegal, hacen uso de sofisticados métodos para ingresar estos flujos ilícitos a la economía legal y formal, generando un ciclo vicioso que tiene repercusiones sobre el desarrollo económico, político, social y en la seguridad de una nación.
• Es momento de evaluar si los mismos estándares y medidas que aplican para combatir el Lavado de Activos funcionan de forma efectiva para luchar contra la financiación del terrorismo. Los ataques de grupos han obligado a que los estados miembros de las Naciones Unidas cumplan con los lineamientos establecidos en el convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999.