- Tras el nombramiento de José Antonio Ocampo como Ministro de Hacienda, el nuevo Gobierno ha resaltado la importancia de llevar a cabo una reforma tributaria que dé viabilidad a los programas sociales del gobierno para de esta manera mantener un equilibrio macroeconómico. Si bien aún no hay detalle sobre las propuestas concretas en torno a la reforma, es desde luego oportuno analizar los supuestos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y contrastarlos con escenarios estresados en las sendas de déficit y deuda.
- En el MFMP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) estableció que espera en 2022 un incremento de 0,4 pp del PIB en los ingresos totales y una disminución de 1,6 pp del PIB en el gasto primario frente a 2021, lo que llevaría a que el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) se acerque al 5,6% del PIB. En consecuencia, la deuda bruta como porcentaje del PIB se reducirá del 63,8% en 2021 al 59,1% al 2022.
- Para los años posteriores, las estimaciones fiscales del GNC están condicionadas a algunos supuestos, destacándose i) un crecimiento económico de 3,2% del PIB, ii) ingresos petroleros por cerca del 1,3% del PIB, iii) el efecto significativo de la gestión de la DIAN (1,4% del PIB), iv) el cierre del déficit generado por el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) en 2024, v) la reducción en el gasto de intereses y vi) la convergencia del gasto de inversión a niveles del 2,0% del PIB.
- No obstante, la materialización de algunos supuestos hechos en el MFMP se encuentra sujeta a lineamientos del nuevo Gobierno en múltiples ámbitos, siendo el manejo de la renta petrolera, el déficit del FEPC y el comportamiento de las utilidades del Banco de la República (BR) los de mayor relevancia. En efecto, estimaciones de Asobancaria apuntan a que, de suspenderse el otorgamiento de nuevas licencias para la exploración petrolera, no reducirse el déficit del FEPC según la estrategia trazada en el MFMP y generarse unas menores utilidades del BR frente a las estimadas, el déficit del GNC se ampliaría hasta 5,0% del PIB hacia 2026, a la vez que la deuda se ubicaría en 62,6% del PIB.
- La nueva administración ha reiterado su interés en llevar a cabo una reforma estructural que consolide la sostenibilidad fiscal, mejore la progresividad del sistema, permita un mayor gasto social y se logre recuperar el grado de inversión. Con el fin de maximizar el bienestar social, además de alcanzar los objetivos descritos, deberá tenerse en cuenta el posible impacto de las iniciativas sobre la formalidad empresarial, la creación de empleo, el crecimiento de la inversión y, en últimas, el crecimiento económico, por lo que será fundamental el dialogo constructivo de las autoridades con el sector privado, académicos y demás representantes de la sociedad civil.