• La crisis económica generada por el Covid-19 ha afectado significativamente a la actividad productiva local, el mercado laboral y el estado de las finanzas públicas. Al necesario aumento en el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria, que pasó de 18,7% a 22,8% del PIB entre 2019 y 2020, se sumó la caída de 1,0 pp en el recaudo entre los mismos años, que pasó de 16,2% a 15,1% del PIB, lo que puso en calzas prietas la situación fiscal del país. Esto llevó a un aumento sustancial de la deuda del GNC que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, pasó del 50,3% al 64,8% del PIB entre los mismos años¹.
• Entretanto, aun cuando para el presente año se espera un repunte en la economía, que estimamos se acerque al 4,6%, el déficit del GNC pasaría del 7,8% del PIB en 2020 al 8,6% del PIB en 2021, lo que pone de presente que, para preservar el grado de inversión y mantener la estabilidad macroeconómica, el país deberá llevar a cabo una reforma fiscal que incremente el recaudo y haga más eficiente el gasto.
• En esta línea, se ha venido discutiendo la pertinencia de reducir el número de beneficios tributarios asociados a los gravámenes más representativos, siendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) uno de ellos. Al respecto, se ha señalado que el IVA presenta un amplio potencial como fuente de recursos adicionales para el Gobierno Nacional Central (GNC), toda vez que en 2019 generó gastos tributarios al GNC con un costo fiscal cercano al 7,1% del PIB².