• En esta coyuntura, marcada por la pandemia del COVID-19, es imperativo monitorear los riesgos emergentes en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), con el fin de fortalecer su gestión al interior de las entidades y evitar que las organizaciones criminales incurran en una mayor cantidad de actividades delictivas.
• Entre las principales vulnerabilidades identificadas por organizaciones intergubernamentales y autoridades de control, se encuentran: (i) el tráfico de medicamentos falsificados, (ii) la recaudación de fondos para empresas benéficas fantasmas, (iii) la flexibilización de los requerimientos para la adquisición de insumos médicos por parte de los gobiernos, (iv) el aumento sustancial de las operaciones financieras remotas o no presenciales, y (v) la malversación de recursos destinados a ayudas humanitarias y donaciones, entre otros.
• En Colombia, organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación han identificado diversas anomalías en el uso de los recursos públicos, entre las que se encuentran la apropiación de recursos destinados a población vulnerable, el sobrecosto en la adquisición de ayudas humanitarias y la adjudicación de contratos cuyas actividades a desarrollar no coinciden con aquellas propias de la mitigación del contagio o sus afectaciones. Esto ha conducido a la apertura de más de 230 procesos disciplinarios y 670 preventivos.