La tendencia a la reducción de la pobreza en Colombia durante más de una década ha sido una de las mayores conquistas del país en el frente social. Aunque hoy parezcan lejanas las tasas cercanas a 50% del índice de pobreza monetaria, el país no puede darse el lujo, y menos de cara al posconflicto, de dar tregua en este frente.
Un crecimiento económico de carácter sostenido e incluyente es la principal arma de la política económica moderna para combatir la pobreza. Así, una mejor distribución del ingreso y mayores niveles de equidad se alcanzan en mayor medida cuando la economía presenta crecimientos cercanos a su potencial. Sin embargo, a raíz de la nueva realidad económica, aquel referente de 5% como crecimiento potencial de Colombia ha ido perdiendo aparente vigencia, y son claras las amenazas que afectan su consecución. Unas amenazas que bien pueden ser resumidas en las cinco preocupaciones que fueron señaladas por Asobancaria en la pasada Convención Bancaria.
En resumen, la primera preocupación tiene que ver con la situación fiscal, cuyas consecuencias han sido ilustradas por los países que no han atendido dicho frente. La segunda tiene que ver con el desbalance en cuenta corriente, que mide el grado de vulnerabilidad de nuestra economía ante eventuales choques externos. Tercero, el sobreuso del efectivo y el rezago en términos de la utilización de medios de pago electrónicos se constituyen en elementos que van en contra de alcanzar mayores niveles de formalidad. Y esta última es, precisamente, la cuarta preocupación: los prominentes niveles de informalidad que caracterizan la economía colombiana y que son una traba para la sostenibilidad del sistema pensional y el incremento de la productividad. La última, pero no menos importante, tiene que ver con los niveles de desempleo, que aunque bajos con relación a nuestros registros históricos, son comparativamente superiores frente a la región.
Ante estas dificultades, Asobancaria ha formulado cinco propuestas que bien vale la pena incorporar en la agenda público-privada para lograr mayor convergencia hacia el crecimiento potencial del país.
La primera propuesta surge en medio de la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal y de allí la urgente necesidad de diseñar una reforma tributaria que promueva la competitividad empresarial. Dentro de ella, se propone crear un régimen simplificado en renta para el microempresariado, volver a darle continuidad a los incentivos tributarios para profundizar el uso de los medios de pago electrónicos y definir con la Dian metas concretas de recaudo electrónico.
Es imperativo además seguir avanzando en los cierres financieros de los proyectos 4G. Para ello, la segunda propuesta desde Asobancaria consiste en definir un mecanismo expedito para generar el registro único de pueblos y la definición de los plazos máximos para las consultas previas a comunidades y el trámite de licencias ambientales.
Ahora bien, el rol de los establecimientos de crédito en la financiación de los proyectos 4G es complementario a la participación del mercado de capitales. En este sentido se debe contar con una mayor profundidad de dicho mercado. Frente a esto surge la tercera propuesta: empezar a sentar las bases de una nueva misión para el mayor desarrollo del mercado de capitales en Colombia, un aspecto en el que Asobancaria ha comenzado ya a dar los primeros pasos.
La cuarta propuesta se relaciona con la vivienda. Mantener los incentivos tributarios tanto a la oferta como a la demanda para la adquisición de vivienda resulta fundamental para el buen desempeño de un sector que ha sido estratégico para el crecimiento del país. Es sin duda crucial que las políticas de vivienda no tengan un carácter exclusivamente contracíclico. Por último, y de manera transversal, es fundamental el compromiso con la educación financiera. Esta debe ocupar un lugar protagónico en la agenda del Gobierno como uno de los grandes retos en materia educativa.
Del logro de estos retos dependerá, sin duda, el tránsito hacia esa nueva Colombia que estamos comenzando a construir.