Entre las causas o falencias del sistema tributario colombiano identificadas por la OCDE y ratificadas en el Informe presentado al Gobierno por la “Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria”, se encuentra que este “castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad empresarial”.
En Colombia, la mayor carga impositiva recae de manera drástica sobre las empresas, lo que deriva en enormes y adversos efectos en la dinámica de la inversión. En efecto, impuestos como el de la riqueza e ICA encarecen la acumulación de capital, al tiempo que la alta tasa del impuesto sobre la renta, que aumentó en 2015 por la sobretasa al CREE del 34% al 39% y alcanzaría el 43% en 2018, ha convertido a Colombia en uno de los países con mayores tasas de tributación efectiva.
Las tarifas de retención en la fuente del sector financiero son altas. En 2014 las autorretenciones por concepto de intereses de cartera del sector presentaron un saldo a favor de $41.000 millones y por concepto de comisiones de $112.000 millones. Por su parte, las autorretenciones en los derivados han llegado a representar, en algunos años, más del 400% de las utilidades de estos contratos y durante 2013 y 2014, a pesar de que se generaron pérdidas en su operación, el monto de autorretención ascendió a $ 147.000 y $322.000 millones, respectivamente.
Aunque la carga impositiva en Colombia ha aumentado, los ingresos por este concepto continúan siendo bajos, en buena parte como consecuencia de la alta tasa de evasión. Una herramienta importante para combatirla es el “Plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios” –BEPS de la OCDE, cuyo estándar de aplicación mínimo fue presentado en octubre. Este estándar mínimo adopta medidas tendientes a buscar transparencia, prevenir el “treaty shopping” o abuso de los tratados, reforzar las disposiciones de precios de transferencia y crear mecanismos efectivos de solución de conflictos.
La formalización de las empresas se constituye como una de las mejores herramientas contra la evasión fiscal y de allí la importancia de adoptar medidas tributarias que no solo brinden claridad al micro y pequeño empresario, sino que incentiven además la formalización. La implementación de un Régimen de Transición Tributario (RTT) permitirá, en este contexto, simplificar las obligaciones tributarias formales de las empresas más pequeñas, lo que hará más amigable el tránsito hacia la formalidad para aquellas empresas que aún ven en el esquema tributario una de las principales talanqueras en ese proceso.