Dentro del contexto del impacto ambiental se relaciona la actividad humana y el desarrollo industrial como uno de los principales factores que han incidido en el deterioro del medio ambiente y han profundizado los efectos del cambio climático. Como consecuencia de esto se han cruzado los “límites planetarios”, concepto dado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, según el cual el bienestar y la sostenibilidad del planeta están seriamente comprometidos.
El aumento de la temperatura promedio terrestre, que durante los últimos cincuenta años casi ha duplicado los registros de los últimos cien años, tendría un incremento de 4 grados centígrados en el año 2050, lo que derivaría, entre otros aspectos, a la extinción de algunas de las formas de vida actual. Surgen, en este contexto, serias preocupaciones asociadas a (i) el aumento en el nivel y la temperatura del mar; (ii) el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y (iii) la sobrepoblación de las zonas urbanas como consecuencia de la migración desde el campo, entre otras. Estas, precisamente, son algunas de las realidades que enfrenta el planeta, mencionadas el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y que nos obligan a pensar en un desarrollo económico medido en términos sociales y ambientales que garantice no solo su sostenibilidad económica sino también su propia existencia.
Para el caso de Colombia, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país perdería cerca de un 0,5% de crecimiento económico de forma sostenida, equivalente a $1.3 billones de pesos por año, si no toma medidas de adaptación frente a los efectos generados por el cambio climático. El fenómeno de la niña presentado en el 2010, que trajo consecuencias nefastas en términos sociales y económicos, le costó al país alrededor de $3,8 billones de pesos.
Una de las iniciativas más importantes que ha tomado la banca colombiana, para hacer frente al cambio climático y a la necesidad de promover el desarrollo sostenible, hace referencia a la implementación de un sistema de evaluación de riesgos sociales y ambientales. Este sistema debe ser parte integral del análisis de crédito y riesgo de los grandes proyectos en Colombia y su falta de consideración podría acarrear un impacto de reputación y financiero significativo para quienes hagan parte de ellos.
La banca en Colombia, a través del Protocolo Verde, ha tomado la delantera en la implementación de medidas que fomenten el desarrollo sostenible del país. Este acuerdo público/privado, bajo el cual se quiere incidir en la promulgación de las bases para lograr un crecimiento sostenible en el país, cuenta actualmente con la adhesión de 18 entidades financieras de las 36 asociadas a Asobancaria. Comprometidos con este proceso, la Asociación está segura de que el mayor reto que afronta el crecimiento verde es que este no sea visto como una amenaza al desarrollo industrial sino como un elemento fundamental para lograr no solo negocios que sean rentables y atractivos, sino que tengan garantía de sostenibilidad en el tiempo.