• El Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son actividades delincuenciales que generan distorsiones en la economía, aumentan los costos sociales y económicos y dan lugar a inestabilidad en los mercados financieros, de bienes y de servicios. Según lo menciona la UIAF en su documento “Lo que debe saber sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (2014)”, al combatir estos flagelos, el tamaño de la industria podría crecer en 23,7 billones de pesos, el ingreso de los hogares se incrementaría en cerca de 23 billones de pesos, se generarían 1.4 millones de empleos y se podrían abrir cerca de 13 millones de cupos escolares durante 1 año.
• En Colombia, de acuerdo con el estudio realizado y presentado por el Banco Mundial (cifras a 2013) en el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria 2015, las bandas delincuenciales perciben ingresos por LA y FT equivalentes al 2% del PIB. Pese a que se cree que los delincuentes no afectan a las empresas del sector real, es importante tener en cuenta que toda actividad económica o negocio se encuentra expuesta a riesgos internos y externos, derivados de falencias o debilidades en los controles que pueden permitir el ingreso de dinero, activos o riqueza ilícita, que induce a escenarios de competencia desleal, corrupción y afectan su sostenibilidad.
• El reto es que los sectores público y privado continúen trabajando de manera coordinada en la expedición de regulaciones como las emitidas por la Superintendencias Financiera de Colombia (SARLAFT), la de Sociedades (SAGRLAFT), la de Economía Solidaria (SIPLAFT) y la DIAN, entre otros, para lograr un cambio de paradigma y generar beneficios de índole social y cultural.
• La regulación expedida por la Superintendencia de Sociedades busca que en la agenda de los empresarios existan espacios para establecer medidas preventivas que hagan parte de su cultura empresarial con el fin de evitar que, tanto la empresa como sus directivos y empleados, resulten involucrados en procesos legales o administrativos. Sin embargo, es imperativo que los empresarios desnarcoticen el problema, que no pierdan de vista que estos riesgos pueden vincularse con otros como los de fraude y corrupción y que no solo se presentan en negocios que operan con el uso del efectivo sino que incluso se materializan en otros medios de pago.