La baja productividad del sector agropecuario es uno de los determinantes de los magros ingresos de la población rural. El rezago en dicha productividad se debe en buena parte a la adopción de medidas de protección y al atraso en la provisión de bienes públicos. Un suministro adecuado de crédito para financiar la inversión podría ayudar a incrementar la productividad y los ingresos de la población rural. Desafortunadamente, el diseño del actual sistema de financiación no lo facilita.
La existencia de fallas de mercado en el otorgamiento de crédito al sector agropecuario, es el argumento por el cual el Estado mantiene la canalización forzosa de recursos de los establecimientos de crédito privados –con un alto costo de oportunidad- hacia Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA en Finagro. Esta entidad, como banca de segundo piso, canaliza esos fondos a través de líneas de redescuento, para otorgar créditos agrícolas a tasas de interés fijadas por las autoridades. Los establecimientos bancarios pueden reducir los requerimientos de inversión obligatoria en TDAs por medio de la validación de cartera sustitutiva ante Finagro. La cartera sustitutiva es otorgada por los bancos con sus propios recursos, aunque debe mantener las condiciones de tasa de interés y plazo establecidas por Finagro para el crédito redescontado.
En el caso de la financiación de los pequeños productores, la tasa de interés fijada a la fecha (11%) no cubre los costos ni los riesgos asociados a los desembolsos. El tope de 14% para los créditos a los medianos y grandes productores, se ubica por encima de las tasas de interés vigentes en el mercado, lo que implica que en promedio no habría problema con el acceso al crédito para dichos segmentos. Sin embargo, productores con riesgo mayor quedan excluidos del acceso al crédito formal.
A pesar de las distorsiones del esquema de crédito vigente, el crédito agropecuario ha aumentado considerablemente en la última década: la proporción de productores agropecuarios con crédito aumentó de 11% a 40% y la profundidad de la cartera de 10% al 32% del PIB del sector.
La cartera total agropecuaria registrada en Finagro asciende en la actualidad a $13.5 billones. Si se le añade el crédito destinado a cubrir otras necesidades de las familias como la compra y el mejoramiento de la vivienda, muebles y electrodomésticos y educación, el dato total de crédito formal se estima en más de $21 billones, equivalentes al 53% del PIB sectorial, que está incluso por encima del promedio nacional, ya que el indicador de cartera total sobre el PIB del país asciende a 40%. No obstante, es preciso profundizar el financiamiento para lo cual se requiere superar las limitaciones para acceder a crédito formal.
Por el lado de la demanda, dichas limitaciones se relacionan principalmente con las garantías (inexistencia o temor de perderlas) y requisitos y papeleos que se estiman elevados. Por el lado de la oferta, sería de la mayor conveniencia el diseño de una política que, al tiempo que desarrolle o rediseñe mecanismos eficientes (hoy existen varios, pero su uso es muy bajo) de reducción de riesgos, permita que el sector financiero cobre tasas de interés de mercado, así se establezcan por otro lado subsidios directos a las que se aplican para los pequeños productores, como se implementó con éxito para la vivienda.