La economía colombiana lleva cuatro décadas de desindustrialización. Sin embargo, en la última de ellas mantuvo altas tasas de crecimiento, a pesar de no lograr incrementos sostenidos de la productividad ni mejoras sustanciales de la competitividad. Esto fue posible gracias a unos altos términos de intercambio, que contribuyeron a elevar el ingreso nacional; junto con una abundante inversión extranjera, que valorizó los activos domésticos y financió parte de la expansión de la demanda interna.
En la coyuntura actual la bonanza externa se extingue, por el final del superciclo de las materias primas y la normalización de la postura monetaria en los Estados Unidos, de manera que la economía no contará con el impulso externo de los últimos años. Por tanto, requiere nuevas locomotoras. En las condiciones actuales, la industria manufacturera, el sector agropecuario y los servicios no están en capacidad de convertirse en motores del crecimiento, porque no generan rendimientos crecientes a escala, ni contribuyen a elevar de una manera significativa la productividad total de los factores.
Con el fin de evitar un deterioro ulterior del sector manufacturero y fortalecerlo para que se convierta en un generador de actividad económica y en una fuente de ingresos por exportaciones, es necesario aumentar la productividad de la economía y cambiar la política sectorial. Para lograr lo primero, en el mediano plazo se debe mejorar la competitividad del país, comenzando por sus instituciones, la calidad de la educación y la infraestructura, la eficiencia de los mercados de factores y el ritmo de la innovación y del progreso tecnológico, como sugieren los indicadores del Foro Económico Mundial. Una clave para mejorar la política industrial es insistir en abrir la economía. El intento de apertura de comienzos de la década de 1990 redujo el arancel, desmontó la prohibición de las importaciones y eliminó las licencias para llevarlas a cabo. Sin embargo, la política industrial posterior se apoyó de una manera implícita en la protección del sector mediante instrumentos no arancelarios –la definición de estándares y reglamentos técnicos, la aplicación de salvaguardias y el uso frecuente de mecanismos anti dumping–. La utilización recurrente de éstos impidió una mayor apertura. Por este motivo, la suma del comercio total de bienes y servicios de Colombia ha permanecido entre el 15 y el 18% del PIB desde 1994, mientras que en 1991 excedió el 20%. En contraste, en países donde la industria es motor de crecimiento la apertura de la economía supera el 30%, como en México, el sudeste asiático y los de ingreso alto.
El lento progreso de la apertura favoreció a los subsectores industriales que producen bienes de consumo poco elaborados. Al mismo tiempo, en otros subsectores productores de bienes intermedios y de capital, la protección efectiva resultó negativa, porque los insumos tuvieron mayores aranceles que el producto terminado. Además, la protección frenó el progreso tecnológico y la innovación en el sector manufacturero, porque lo aisló de la competencia internacional. Por eso, en muchos casos la política industrial basada en la protección para arancelaria incentivó unos subsectores poco competitivos e inhibió el desarrollo de otros que podrían madurar, innovar y generar ventajas competitivas, con base en las cuales originar exportaciones, que incursionaran con éxito en los mercados internacionales. Es probable que un sector manufacturero que floreciera en estas condiciones fuera un motor de crecimiento y de transformación estructural de la economía colombiana, como ocurrió en algunos de los países asiáticos, donde el desarrollo de la industria orientado a las exportaciones condujo a mejorar el bienestar de la población de manera sostenida durante un largo período. Por este motivo, como han sostenido en días recientes destacados economistas nacionales, la política industrial requiere prescindir de la protección para arancelaria y eliminar la protección efectiva negativa.