La favorable situación por la que atraviesa la economía colombiana contrasta con la de otras naciones emergentes e industrializadas. En efecto, la actividad económica en el país es una de las más dinámicas del mundo, mientras la de otras naciones emergentes se desacelera y la de las industrializadas hasta ahora comienza a repuntar, después de la crisis financiera de 2007-2008.
Una parte importante del éxito de Colombia en materia de crecimiento se basó en el impulso a la construcción y financiación de la vivienda, mediante la introducción de un subsidio a la tasa de interés para los hogares de medianos y bajos ingresos, con el fin de estimular la demanda.
La utilización de la política de vivienda como herramienta contra cíclica ha probado ser útil. También, dada la desigual distribución del ingreso y los niveles de pobreza, dicha política ha sido efectiva en apoyar los sectores más vulnerables de la sociedad. No obstante, no siempre resulta conveniente utilizar en simultáneo la política de vivienda como herramienta contra cíclica e instrumento para disminuir la pobreza.
Si bien es cierto que impulsar el crecimiento económico contribuye a reducir la pobreza y sienta las bases para aumentar la equidad en la distribución del ingreso, también es cierto que si el crecimiento económico excede la utilización plena de los factores de producción, comienzan a generarse desequilibrios que ponen en entredicho la estabilidad macroeconómica y financiera.
Es por esto que después de haber estimulado exitosamente el gasto a lo largo de 2013 ―al punto de que el pib creció 6,4% anual en el primer trimestre de 2014, cuando la tasa de crecimiento potencial de largo plazo de la economía se estima en 4,8%―, resulta prudente, en cambio de continuar impulsando la demanda con subsidios a la tasa de interés para la clase media, promover la generación de ahorro.
Una iniciativa de Asobancaria en este sentido consiste en el desarrollo del esquema de Arrendamiento con Opción de Compra ―acoc, que permitiría ampliar el acceso a la vivienda de la población informal, al tiempo que promovería la generación de ahorro. Esta población generalmente ha estado excluida del crédito por su incapacidad para ahorrar y por la dificultad para acopiar la información de sus ingresos y gastos.
Bajo este esquema, los inversionistas en fondos inmobiliarios otorgarían en arriendo vivienda Vip a futuros compradores, durante un periodo, de por ejemplo dos años, lo que facilitaría conocer sus hábitos de pago. El programa requeriría un subsidio gubernamental similar a los vigentes para la compra de vivienda (cerca del 35% de su valor) a fin de aproximar el valor del canon de arrendamiento al que las familias pagan en la actualidad por el lugar en que habitan. Dicho valor incluiría, además del canon propiamente dicho, seguros, la cuota de administración y una porción de ahorro, lo cual permitiría al final del periodo pactado, ejercer la opción de compra. A partir de este momento los bancos entrarían a financiar al adquiriente con los mecanismos hoy previstos en la norma: crédito hipotecario o leasing habitacional.
Con el acoc se estarían obviando los problemas de información e insuficiencia de ahorro, pues este mecanismo permite medir la capacidad de pago de los hogares, en función del pago puntual del canon de arrendamiento.