La educación financiera hace parte integral de la estrategia de sostenibilidad de la banca y ha llevado a desarrollar una concepción que, sin lugar a dudas, rebasa lo previsto en las disposiciones legales en lo que respecta a los consumidores financieros. Esto es llevar la educación financiera al ámbito escolar, la cual se constituye en la meta más grande y ambiciosa de responsabilidad social de la banca hasta la fecha.
Este tema ha surgido recientemente en las agendas de política pública, como una estrategia de los gobiernos para impulsar economías sostenibles y mercados financieros estables. Esta iniciativa está soportada en la premisa de que si los ciudadanos tienen mayores niveles de conocimiento y habilidades en esta materia y son conscientes de sus derechos y deberes, tienen también mayores capacidades para comprender y tomar decisiones económicas, que redunden en su bienestar y el de la sociedad en su conjunto.
En Colombia, por sugerencia de Asobancaria hace seis (6) años, el Congreso de la República, a través de la ley 1328 de 2009, incorpora la educación financiera como principio de protección a los consumidores financieros. Pero, es el gobierno del Presidente Santos, también a solicitud de Asobancaria, el que la establece como uno de los apoyos transversales a la competitividad de nuestro país, quedando así registrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010―2014. En ese entonces, se avanzó aún más, al haberse establecido, en la ley que lo aprueba, que el Ministerio de Educación Nacional debería de incluir, en las competencias básicas, la económica y financiera.
En 2012 Asobancaria y el Ministerio de Educación Nacional consolidaron una alianza público-privada, formalizada en el convenio 024 del mismo año, para el diseño e implementación de un Programa que cumpliera con este mandato. El pasado 3 de julio se presentó el primer gran resultado de este convenio: el documento que contiene las orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera para ser impartida desde primero hasta el onceavo grado.
No se puede perder de vista que con este documento tan solo estamos culminando una primera etapa, que permite abrir el espacio para el inicio de una segunda cuyos retos son aún, quizás, más grandes. Estos consisten en lograr que, en un par de años, todos los establecimientos educativos, públicos y privados, hayan incorporado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) el desarrollo de las competencias económicas y financieras.