En las economías pequeñas y abiertas, como la colombiana, los ingresos provenientes del exterior –por exportaciones, inversión extranjera o crédito externo– tienen la capacidad de impulsar el crecimiento, pero también entrañan el riesgo de originar inestabilidad macroeconómica y financiera. Pueden generar excesos de demanda interna, que originan déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, recalientan la economía, presionan la inflación al alza y aprecian la tasa de cambio. Además, cuando los mercados financieros son poco profundos, como en Colombia, la abundancia de ingresos externos puede causar inestabilidad financiera, a través de un auge insostenible del crédito y del surgimiento de burbujas en los mercados de activos.
Si la economía incurre en cualquiera de esos excesos, al ocurrir un choque que disminuya los ingresos externos o genere fugas de capital, enfrenta el peligro de desembocar en una crisis financiera y en una recesión. Sin embargo, la materialización esas amenazas depende en gran medida, por una parte, de la libertad con que cuenten las autoridades para adoptar las políticas necesarias para asimilar su impacto. Y por otra parte, de las estrategias implementadas con anterioridad, para evitar el surgimiento de desbalances macroeconómicos profundos y de desequilibrios agudos en los mercados financieros, salvaguardar la solvencia de sus intermediarios y prevenir que se expongan de una manera excesiva a los riesgos de crédito, de tasas de interés y de cambio. Entre más eficaces sean estas estrategias, mayor libertad tendrán las autoridades para responder a los choques con medidas contra cíclicas.
A finales del siglo pasado, cuando el país enfrentó una parada súbita de ingresos externos y una fuga de capital, como consecuencia de las crisis asiática y rusa, los profundos desbalances macroeconómicos, los desequilibrios en los mercados financieros, un desborde del crédito y los descalces cambiarios llevaron la economía a una crisis bancaria y a una depresión. En esa oportunidad, el régimen de banda cambiaria y la inviabilidad de las finanzas públicas impideron a las autoridades implementar medidas contra cíclicas.
En la crisis financiera internacional de 2008-2009, por el contrario, los menores desbalances fiscal y externo, la prevención de descalces cambiarios y desbordamientos del crédito, un cómodo saldo de reservas internacionales y el régimen de tasa de cambio flexible le dieron a las autoridades libertad para adoptar estrategias contra cíclicas, con el fin de sostener la demanda y restablecer la confianza.
La flexibilidad cambiaria permite ahora una plena independencia de la política monetaria, que puede adoptar posturas contracíclicas y actuar para evitar expansiones insostenibles del crédito, burbujas en los mercados de activos o imprudentes tomas de riesgo. Las autoridades disponen también de instrumentos macro prudenciales para asegurar que los intermediarios financieros permanezcan líquidos, estén bien capitalizados, tengan provisiones holgadas y no incurran en descalces cambiarios. Además, el Gobierno está obligado a acatar la regla fiscal y operar el sistema general de regalías, que le fuerzan a adoptar posiciones contra cíclicas, con base en las cuales mantiene su solvencia y refuerza la credibilidad de la política fiscal.
Por estos motivos, en la actual coyuntura la estabilidad financiera no está amenazada, como sugiere el indicador de alarmas de crisis calculado por Asobancaria.