El acceso al sistema financiero reviste la mayor trascendencia por su enorme potencial de contribución al crecimiento económico; al aumento de la participación de los estratos de menores ingresos en las ganancias del desarrollo; y por el efecto consecuente que ello acarrea sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Los enormes beneficios de la inclusión financiera son hoy ampliamente reconocidos tanto por los distintos gobiernos como por agencias multilaterales tales como el Banco Mundial y la OCDE. Colombia no se ha mantenido al margen de esa tendencia. No obstante, a pesar de la importancia que se le viene asignando al tema y de los cambios que se han introducido en busca de una mayor inclusión financiera, el marco regulatorio vigente en el país introduce enormes sesgos en contra de la realización de transacciones a través del sistema y a favor de la preferencia por el efectivo. En efecto, el Gobierno ha venido utilizando crecientemente la banca para el recaudo de distintos impuestos, en particular el cuatro por mil (GMF), la retención anticipada de IVA, renta e ICA, vinculados a las transacciones financieras. A esas distorsiones se adicionan otras, como es la existencia de topes a la tasa de interés, por la vía del cálculo de la tasa de interés de usura, e inversiones forzosas para el financiamiento del sector agropecuario, que introducen sesgos en contra de la mayor competitividad del sistema y arbitrajes regulatorios que obstaculizan su mejor funcionamiento.
Es difícil promover el uso de medios electrónicos de pago, cuando las normas lo castigan y, en su lugar, premian el uso de efectivo. También es difícil que los segmentos más desprotegidos de la sociedad accedan al crédito, si los costos no reflejan el riesgo de la operación. Buscar la mayor formalización financiera y la erradicación del uso del efectivo debería ser un propósito nacional, no solo por los beneficios que trae en términos del crecimiento y de la mayor equidad, sino también porque contribuiría a erradicar la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando y otra serie de actividades ilícitas que florecen al amparo de la amplia aceptación del efectivo por cuenta de los incentivos existentes a la realización de transacciones por fuera del sistema financiero.
La banca, de mano del Gobierno y el Congreso, ha venido trabajando y varias de las barreras al acceso se han superado: los precios al consumidor financiero se han reducido, los trámites requeridos para el acceso a productos del pasivo y servicios transaccionales se simplificaron, hay presencia bancaria en casi la totalidad del territorio nacional, las plataformas de banca móvil están listas para su masificación y se definió un marco normativo para las garantías mobiliarias. Cálculos de ASOBANCARIA, con corte a diciembre de 2013, revelan que en Colombia el 71.5% del total de la población adulta tiene acceso a un producto financiero; el 65.6% posee una cuenta de ahorros, aunque solo el 43% la mantiene activa; y el 34.2% dispone al menos de un producto de crédito. No obstante, a pesar del parte de victoria que se puede dar en muchos aspectos, todavía falta un gran trecho por recorrer.
La banca reitera su voluntad de ser la mejor aliada del Gobierno y del Congreso en la búsqueda de una mayor inclusión financiera, pero considera que ésta debe ser hecha de manera responsable para que sea sostenible.