El lavado de activos es un fenómeno criminal que afecta a todas las economías del mundo y, en consecuencia, al bienestar de los ciudadanos. El sector que inició la lucha y se comprometió plenamente a enfrentar este delito fue el financiero, que ha desarrollado robustos modelos de administración de riesgos para prevenir que estas instituciones sean utilizadas por lavadores o financiadores del terrorismo. Gracias a lo anterior, el diseño institucional del sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en Colombia ha recaído fundamentalmente sobre estos agentes económicos, convirtiéndose en los mayores contribuyentes para la detección, investigación y judicialización de este tipo de delitos. Los esfuerzos y el importante papel del sector financiero en la lucha contra estos flagelos se reconocen ampliamente por parte del Gobierno en la Política Nacional ALA/CFT aprobada en diciembre del 2013.
Debido a los fuertes sistemas de administración de riesgos en el sector financiero, las redes criminales han mostrado en los últimos años una tendencia a canalizar en mayor medida sus recursos hacia el sector real de la economía. Es por esto que esos agentes económicos requieren contar con instrucciones claras y precisas, impartidas por parte de sus supervisores, relacionadas con la gestión del riesgo de LA/FT. Además, deben estar acompañadas de un proceso de seguimiento para velar por su cumplimiento y, en los casos en que se requiera, proferir sanciones en relación con su gestión.
Por otro lado, el Gobierno reconoce que en el sistema nacional ALA/CFT debe existir una interrelación y una articulación de esfuerzos entre los diferentes actores, para obtener mayores y mejores resultados. Es fundamental trabajar en la coordinación entre las instituciones que realizan las acciones propias de investigación y judicialización e inclusive al interior de ellas mismas. Esa es la única manera de lograr buenas actuaciones frente a las complejas estructuras criminales que se encuentran detrás de delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Por su parte, es una realidad incuestionable que el sistema anti-lavado ha ganado un terreno importante con resultados evidentes a nivel mundial. No obstante, el sistema anti-terrorismo está menos desarrollado y existen múltiples vulnerabilidades que enfrentan no solo el sector financiero sino los gobiernos en general. El Conpes 3793 presenta un avance en este sentido. Sin embargo, para el sector financiero (y seguramente para otras actividades de la economía) es fundamental contar con mayor claridad frente a su papel en la detección, control y monitoreo de los recursos utilizados para financiar actos terroristas.