En los últimos años la disminución de la base de los contribuyentes tributarios ha sido una de las principales preocupaciones del Grupo de los 20. Una de las razones a las que se atribuye dicha disminución es la competencia en materia tributaria entre diferentes jurisdicciones, para atraer los capitales de personas naturales y jurídicas de altos ingresos alrededor del mundo que aprovechan este arbitraje regulatorio, particularmente en temas de secreto bancario y en materia impositiva, especialmente en los paraísos fiscales.
Los defensores de los paraísos fiscales afirman que entre sus funciones se encuentra asegurar la neutralidad tributaria en la mediación de flujos financieros internacionales y proteger a las personas frente a gobiernos inestables. Sus detractores critican su falta de transparencia, que los convierte en el lugar preferido de lavadores de activos y evasores de impuestos.
Sin importar quién tiene la razón, lo cierto del caso es que organizaciones internacionales como la OECD, que marca la pauta en mejores prácticas, consideran que esta competencia tributaría entre países es dañina y abogan por reglas de juego justas y equitativas, que garanticen igualdad de condiciones. Por ello, la OECD ha promovido la suscripción de Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (TIEA) entre diferentes países, pero aún persisten algunas jurisdicciones que no los han acogido y, por el momento, este intercambio no es automático sino que se requiere solicitud expresa.
Estados Unidos decidió no esperar a contar con la colaboración voluntaria de todos los países y, con el propósito de obtener información de sus nacionales, su Congreso expidió la Ley FATCA, la cual impone la obligación a entidades financieras de todo el mundo de suministrarle, de manera automática, información tributaria a la autoridad fiscal estadounidense de las personas obligadas a tributarle, bajo la amenaza de una fuerte sanción financiera en caso contrario.
Por su parte, Colombia también está tomando medidas para combatir la evasión y elusión fiscal, en especial en lo relacionado con los precios de transferencia entre sociedades vinculadas domiciliadas en paraísos fiscales. La legislación colombiana se actualizó y concretó para evitar la manipulación de estos precios, estando pendiente a la fecha la reglamentación gubernamental para su cabal funcionamiento. Se espera que esta disposición, junto con las normas anti-abuso y las de saneamiento patrimonial mejoren el recaudo fiscal.
Adicionalmente, con el fin de facilitar el intercambio de información tributaria, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República un TIEA con Estados Unidos, el cual tiene mensaje de urgencia. Se espera que este TIEA sea aprobado en esta legislatura, de tal forma que sirva como base para suscribir también un Acuerdo Intergubernamental con Estados Unidos que permita el cumplimiento de FATCA en nuestro país.