En Colombia la pobreza disminuyó de una manera notable durante la última década, gracias al dinámico crecimiento y a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en la mayor parte de América Latina, la equidad no mejoró de modo sustancial en nuestro país en este período. Varios estudios coinciden en diagnosticar que hay tres obstáculos estructurales que impiden mejorar la equidad y dificultan reducir la pobreza. En primer lugar, el mal funcionamiento del mercado laboral, que mantiene alto el desempleo y genera informalidad. En segundo lugar, el estrecho acceso a la educación en los niveles superiores, que crea una prima elevada en la remuneración de los trabajadores más educados. Y en tercer lugar, el papel redistributivo nulo de la política fiscal en Colombia.
En consecuencia, con el propósito de mejorar la eficiencia del mercado laboral los especialistas recomiendan perseverar en la disminución de los costos laborales no salariales y flexibilizar el salario mínimo legal (SML). Con ello se lograría abaratar el trabajo formal y aumentar su demanda, de manera que se ampliaría el tamaño de este mercado, con lo cual se reducirían el desempleo y la informalidad. Unos costos laborales más flexibles ayudarían también a reducir los costos domésticos, para compensar el deterior de la competitividad de la producción nacional causado por la apreciación de la tasa de cambio.
Con el fin de disminuir la prima que obtienen en sus salarios los más educados, los analistas domésticos y las entidades multilaterales proponen aumentar el acervo de capital humano, por medio de la ampliación del acceso a una educación y formación vocacional de mejor calidad en todos los niveles, que consulte el perfil de la demanda de trabajo. En su concepto, la mejora de la calidad de la educación pública debe basarse en un proceso de formación, selección y promoción de los profesores más exigente, que introduzca incentivos que premien los resultados y lleven a los mejores maestros a las escuelas de las áreas más deprimidas.
Por último, para que la política fiscal tenga un impacto redistributivo, además de introducir una mayor progresividad en la estructura de los impuestos, como intentó el Gobierno con la pasada reforma tributaria; los expertos sugieren hacer el gasto más progresivo. Para tal fin aconsejan disminuir la regresividad del sistema público de pensiones y focalizar mejor los subsidios y las transferencias directas, de manera que lleguen a los más pobres y vulnerables.