El sector financiero juega un papel determinante dentro del régimen impositivo en Colombia, no solamente por ser uno de los sectores que más carga impositiva tiene, sino también por ser el encargado de efectuar el recaudo de todos los impuestos nacionales, en desarrollo de lo cual procesa y entrega toda la información a la administración tributaria nacional, para lo cual las entidades financieras han efectuado drásticas implementaciones operativas y tecnológicas a su interior. Es por este conocimiento del sistema impositivo, que el sector se considera como un actor idóneo para sugerir al Gobierno Nacional que busque desarrollar una Reforma Tributaria Estructural, que modifique tanto la reglamentación normativa de los impuestos como su administración.
Es claro que el sistema impositivo actual presenta serias deficiencias: es inequitativo, poco progresivo e ineficiente. No se deben escatimar esfuerzos para lograr un estatuto que vincule a todos los sectores de la economía, que genere un mejor y más efectivo recaudo y que además logre la estabilidad jurídica necesaria para atraer a la inversión extranjera.
En estas modificaciones deben tenerse en cuenta, por un lado, la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales, dentro de sus muchos efectos, generan incompatibilidad entre la regulación contable y la tributaria, lo que implicará que los contribuyentes obligados a aplicarlas deban llevar para los mismos periodos diferentes contabilidades que cumplan tanto con la regulación en materia de impuestos como con las NIIF. Por otro lado se avecina la entrada en aplicación de la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) la cual obliga a efectuar retenciones del 30% de las operaciones efectuadas no solamente a las entidades financieras que no se adecuen a la norma, sino a los consumidores financieros cuando no permitan el suministro de información a las autoridades de los EEUU. Para poder cumplir con esta normativa se requieren modificaciones sustanciales, especialmente en materia de administración de datos personales, además de los costosos desarrollos tecnológicos y operativos que resulten necesarios para cumplir con la entrega de la información requerida dentro de la ejecución de FATCA.