El sistema bancario juega un papel fundamental en la economía. Sus contribuciones al país se dan por diversos canales, como por ejemplo, la importancia de la intermediación financiera en la asignación de capital; como eslabón fundamental en la tarea de transmisión de la política monetaria y crediticia; en la innovación que ha traído al día a día de la gente, haciéndole la vida más fácil; y por último como contribuyente y generador de empleo.
Esta clase de contribuciones se han logrado gracias a un desarrollo natural y sólido del sector bancario. Es así como se ha llegado a que en este momento Colombia cuente con un sector lleno de divergencias entre las actividades que desarrolla cada entidad, es decir, un sistema diversificado que puede responder fácilmente a las necesidades de todos los consumidores financieros. Esto se debe a que la estrategia comercial responde a las necesidades específicas de cada entidad y a su know-how.
Así las cosas, es importante mencionar que las políticas dirigidas hacia el sector bancario deben estar orientadas a buscar mayor eficiencia, profundidad y estabilidad. Sin embargo, los encargados de esta materia deben tener en cuenta que cada entidad es diferente tanto en su estructura como en su estrategia de negocio, por lo que una regulación que trate de estandarizar las características del mercado desconoce completamente la heterogeneidad del sector, impidiendo que las entidades inviertan su capital, conocimiento y experiencia en actividades para las cuales son más eficientes.
En nuestra opinión, existen políticas públicas en curso y algunas nuevas propuestas que van en contra de lo que debe buscar la regulación. No reconocer diferencias en los distintos mercados atendidos puede producir efectos diversos sobre cada entidad o resultados no esperados, que afectarían la capacidad de desarrollar la estrategia de negocio de algunas instituciones; limitarían la creatividad e innovación en la oferta de servicios financieros a determinados segmentos de la población o actividades productivas; se pierden grados de libertad, pero más importante muchos grados de competencia; se restringe la habilidad de potencializar las ventajas comparativas de cada entidad; o generarían impactos igualmente negativos en materia de márgenes, rentabilidad del negocio o solvencia de las instituciones.