La financiación del sector agropecuario en Colombia puede dividirse en dos grandes períodos: antes y después de Ley 16 de 1990, que creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA). En el primer periodo prevaleció el manejo de políticas de fomento sectorial, diseñadas por el Banco Central −que administraba fondos estatales con ese propósito, a través del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) −, los bancos de fomento y la banca comercial. El FFAP se fondeaba mediante las inversiones forzosas que debían constituir las entidades financieras. La Caja Agraria, la Federación de Cafeteros, el Incora, los Fondos Ganaderos y las cooperativas de ahorro y crédito se fondeaban con recursos propios, ahorro de los particulares y recursos del estado.
Durante el segundo periodo, con la creación del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA), nacieron el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia (Finagro), el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y el Banco Agrario, que tienen como fin ayudar a fomentar y definir las políticas de financiación al sector agrícola. El SNCA está configurado, en primer lugar, para que Finagro canalice sus recursos a través de líneas de redescuento a bancos de primer piso, públicos o privados. Y en segundo lugar, para que el Banco Agrario promueva un mayor acceso al crédito para los productores agropecuarios, con sus recursos o los de Finagro.
Finagro cuenta, además de los aportes del sector público, con los ingresos provenientes de la emisión de Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), que constituye 98,8% de sus pasivos. Los TDA deben ser suscritos de manera obligatoria por los intermediarios financieros, siendo sus montos y tasas determinados por el Banco de la República.
En la actualidad, un porcentaje considerable de la cartera agrícola (el 35%) no es redescontada en Finagro. Esto sugiere que la capacidad del sistema financiero para canalizar recursos al agro sin el soporte de ese fondo es considerable. Además, el principal usuario de Finagro es el Banco Agrario, que canaliza el 78% de los recursos redescontados en ese fondo. El Banco Agrario podría atender la totalidad de sus colocaciones con los recursos que capta del público. Esto indica que los recursos de Finagro para la colocación de cartera en el agro no son necesarios. De esta manera, las inversiones forzosas sirven, no para garantizar que los recursos del crédito lleguen al sector agropecuario, sino para obligar al sector financiero a pagar los costos de los subsidios al crédito agrícola, que deberían ser asumidos por el Estado.
Las inversiones forzosas permiten que el Banco Agrario utilice sus captaciones, no para prestarle al sector, sino para mantener unas cuantiosas inversiones en instrumentos financieros que no se compadecen con su función de banco sectorial. ¿No sería racional desmontar esa inversión forzosa, que ha sobrevivido mucho más de lo que era razonable?