La inflación financiera y los precios de los servicios bancarios en Colombia son objeto de un debate recurrente en los medios de información. Estos concluyen precipitadamente que la primera es muy alta y los segundos exagerados. Por estos motivos, conviene hacer algunas precisiones.
En primer lugar, las comparaciones internacionales muestran que las tarifas de la mayoría de los servicios bancarios en Colombia son de las más bajas en América Latina, o se aproximan al promedio regional.
En segundo lugar, en la coyuntura actual las tarifas bancarias en Colombia no son inflacionarias. Si se calcula la inflación bancaria con base en canastas que incluyen un amplio número de servicios −como la del índice de productos financieros de Asobancaria (IPPF)−, la inflación de éstos resulta menor que la de la canasta total del consumidor del DANE. Además, la inflación de servicios bancarios medida por el IPPF, tiende a seguir con rezago a la del consumidor. Esto indica que la inflación bancaria tiene un importante componente de costos. Una manera de corroborarlo es la estrecha relación que existe entre la inflación bancaria, la salarial y la del productor.
En tercer lugar, los incrementos de las tarifas de los servicios bancarios no parecen un factor de exclusión financiera para los trabajadores formales que devengan el salario mínimo, porque la inflación salarial y la bancaria tienen una relación contemporánea y directa muy estrecha. Gracias a esta relación, los salarios tienden a conservar su poder adquisitivo en términos de los servicios bancarios.
En cuarto lugar, la evidencia global sugiere que los servicios bancarios tradicionales, prestados por los intermediarios formales, no siempre son el mejor medio para lograr la inclusión de los más pobres, por causa de sus costos intrínsecos. En consecuencia, la inclusión debe basarse en el desarrollo y la innovación de vehículos menos costosos, como los que utilizan la telefonía móvil y los últimos desarrollos en la tecnología de la información y las comunicaciones.
Finalmente, los esfuerzos de inclusión financiera no deben apoyarse en intervenciones gubernamentales que introduzcan distorsiones en la formación de los precios de los servicios tradicionales, porque éstas conducen a flujos de inversión no óptimos y a excesos de demanda que no pueden satisfacerse. De esta manera, semejantes distorsiones obstaculizarían la profundización financiera, la innovación e inclusive la extensión de las redes y los canales que los nuevos productos podrían utilizar. Con ello las autoridades frenarían justamente lo que tratan de promover.