|La “inclusión financiera” abarca tanto la bancarización —entendida como el número de personas vinculadas al sistema financiero por el lado del ahorro o del crédito— como el acceso eficiente a sistemas y herramientas de pago.
La bancarización medida por la vía del pasivo, esto es por la vía de apertura de cuentas de ahorro, se ha facilitado en Colombia gracias a que la regulación ha venido aligerando los requisitos exigidos para su apertura.
Si nos referimos a la bancarización por la vía del activo, es un hecho que en el país el número de colombianos con acceso al crédito formal, continúa siendo reducido. Este resultado responde a la existencia de múltiples distorsiones que es preciso remover. Entre éstas se destaca, en primer lugar, la informalidad empresarial, tributaria y laboral, que aleja a las personas del acceso al crédito bancario. En segundo lugar, la tasas de usura, que excluyen del acceso al crédito formal a las poblaciones de menores recursos. En tercer lugar, las dificultades para conocer los hábitos de pago de los colombianos. Y por último, la escasa utilización de desarrollos tecnológicos en el otorgamiento de crédito, que se ajusten a los requerimientos propios de las microfinanzas. Todavía existe un amplio espacio para eliminar restricciones que obstaculizan la bancarización en el país por el lado del crédito.
La facilidad en el acceso a sistemas de pago eficientes, no ha estado en el radar de las políticas públicas, ni se ha incluido dentro de los objetivos de la bancarización. Colombia se acostumbró a transar en efectivo y dicha tendencia se acentuó con la introducción del gravamen a las transacciones financieras (GMF). Es desafortunado que, por cuenta de unos beneficios tributarios de corto plazo que obtiene el gobierno, no se desmonte un impuesto que en el largo plazo es altamente nocivo. Un instrumento de enorme utilidad como sustituto del efectivo en el logro de una mayor inclusión financiera es el dinero plástico. Este debería tener una mayor proyección en Colombia. La renuencia por parte del comercio a aceptar las tarjetas de pago y su preferencia por el efectivo deriva de la elevada informalidad tributaria existente en Colombia, en razón a que los pagos realizados con tarjeta de pago están sujetos al cobro de impuestos y retenciones en la fuente, que son fáciles de obviar cuando el pago se recibe en efectivo. Este problema solo se resuelve mediante una decidida política pública que promueva la formalización de los establecimientos de comercio, pero no por la vía de su penalización, sino por la vía de la creación de incentivos.