En la actualidad cursan dos proyectos de ley con el propósito de regular los servicios financieros. Uno busca regular directamente, por medio de la ley, esas tarifas. Otro, en el contexto general de una ley marco, busca otorgar facultades amplias al gobierno con ese fin. La Asobancaria no ve con buenos ojos ninguno de esos dos intentos.
Existe un conjunto de preconcepciones erradas sobre el tema de las tarifas. La primera es la preconcepción de que, si bajan las tarifas de los servicios financieros, entonces habrá más acceso a ellos. Esta preconcepción es equivocada por la simple razón de que el monto de servicios financieros en el mercado no solo depende de la demanda, sino también de la oferta.
A veces se argumenta que la regulación de las tarifas del sistema financiero se justifica por una de dos razones: (1) porque la banca es monopolista, y cobra unas tarifas que están muy por encima de lo que imperaría en un mercado competitivo, o (2) porque la banca es ineficiente, y pasa los costos de su ineficiencia a sus clientes. Ambas justificaciones también son preconcepciones erradas.
No hay ninguna evidencia seria de que la industria bancaria sea monopolística. Diversos estudios señalan que la banca es medianamente competitiva en el mercado de crédito y altamente competitiva en el mercado de depósitos. De otra parte, las ganancias en eficiencia de la banca han sido considerables y continuadas. Las tarifas que se cobran en Colombia se comparan favorablemente con las de la región.
En los últimos ocho años, el gobierno hizo enormes esfuerzos por ampliar la bancarización de la población más pobre del país. Las lecciones de este proceso deben ser aprendidas. La experiencia muestra que el mayor obstáculo a la bancarización no son los costos de los servicios financieros, sino el bajo ingreso de buena parte de los colombianos.
Un aspecto tremendamente injusto de la discusión es que los costos de los servicios financieros no son imputables únicamente a las entidades financieras. Uno de los principales costos es el gravamen a los movimientos financieros, que, con los bajos niveles de las tasas de interés de la actualidad, se ha vuelto expropiatorio, pero el gobierno no ha dado señales de querer desmontarlo rápidamente.
Los servicios financieros han aumentado enormemente en los últimos 20 años, proveyendo comodidad y seguridad a los usuarios. Además, bien manejados, no son en realidad costosos. Por eso el Estado debe confiar en que la mejor forma de mantener bajo control las tarifas financieras no es la regulación estatal, sino la competencia. La banca no se opone a medidas que aumenten la competencia dentro del sistema. Por eso la banca propone medidas que aumenten no solo la información de que disponen los usuarios del sistema financiero, sino su capacidad para procesar adecuadamente esa información. La necesidad de la educación financiera se ha vuelto patente en el país.