A pesar de los esfuerzos hechos por construir, mantener y mejorar la calidad de su infraestructura, ésta es uno de los mayores obstáculos que tiene Colombia para aumentar la competitividad de sus bienes y servicios, la productividad de sus factores y el crecimiento de su economía. El país ha obtenido éxitos notables en algunas modalidades de infraestructura, como la telefonía, la energía eléctrica y el transporte del carbón y los hidrocarburos. Pero en otras, particularmente en sus vías y sus puertos, los logros no son destacados. La calidad de la infraestructura vial en la economía colombiana y, sobre todo, de sus carreteras no corresponde a su grado de desarrollo. Por eso el transporte de los insumos y los bienes se convierte en una fuente de sobre costos que lesionan la competitividad de la producción nacional.
Una parte importante de la diferencia en los resultados obtenidos en unas y otras modalidades de infraestructura radica, probablemente, en las maneras de la participación privada y en los arreglos institucionales bajo los cuales ocurre. En el caso de la infraestructura vial, el esquema de las concesiones es caótico. No hay un plan donde se establezca la prioridad de las obras, ni se escoge los proyectos a través de una evaluación rigurosa. Por el contrario, los criterios de selección no son técnicos ni transparentes, sino aparatosos y manipulables. En las licitaciones se presentan prácticas poco competitivas para ganar y asignar los contratos. Estos se renegocian con mucha frecuencia. Nuevas obras, solicitadas por las comunidades, son adicionadas a contratos firmados con anterioridad. Se prorroga, además, masiva y arbitrariamente las concesiones, sin concursos y comprometiendo vigencias futuras. Las obras se construyen lentamente, al ritmo del cobro de los peajes o la asignación de las vigencias futuras.
Colombia requiere una inversión sostenida en infraestructura de transporte, para superar los atrasos que hoy presenta. Las cifras a invertir son considerables, pero no inalcanzables: alrededor del 1% del PIB anual. El reto fiscal que esto impone luce menor frente a la importancia crítica de este tipo de inversiones. El problema, por tanto, parece más de gestión que de recursos. Al respecto, es fundamental superar algunos problemas institucionales y de diseño de las concesiones, para garantizar que el país cuente con una eficiente ejecución de las obras que requiere.