El próximo Gobierno tendrá que ser muy activo en la política fiscal. En la discusión reciente se ha logrado consenso sobre la necesidad de abordar dos temas: la regla fiscal y la reforma tributaria. Llama la atención que el gasto público no sea considerado. Su magnitud y composición son decisiones no solo de Gobierno, sino de Estado. La pregunta inicial debe ser qué quiere hacer el Estado. Y el segundo interrogante cómo va a acopiar los recursos para ello. Una discusión integral sobre la política fiscal tiene que incluir tanto los temas de ingresos como los de gastos. Después de ocho años de la administración Uribe, el país debería replantearse la forma como ejecuta su gasto público.
En el debate se ha consensuado que Colombia requiere una regla fiscal. Sin embargo, no hay claridad sobre cuál sería su naturaleza. Una interpretación es que la regla es un mecanismo de ahorro de ingresos minero-energéticos extraordinarios. Esta definición corresponde a la de un fondo de estabilización. Otra interpretación es que la regla es un mecanismo que obliga al Gobierno a ajustar su déficit según la etapa del ciclo económico. Una regla fiscal o un fondo de estabilización son una señal de responsabilidad fiscal. Es imposible oponerse a ellos. No obstante, Colombia tiene que decidir con claridad cuál es el propósito de la regla: asegurar la sostenibilidad fiscal y salvaguardar la solvencia pública, permitiendo el ejercicio de posturas contra-cíclicas; o mitigar las consecuencias del auge minero energético sobre la estructura de la economía.
El problema de garantizar la responsabilidad fiscal trasciende el de fijar unas metas cuantitativas. Incluye, además, establecer unos objetivos claros para los formuladores de la política. En ausencia de esos propósitos, la moda intelectual es imponerles reglas cuantitativas. Quizás deberíamos precisar también cuáles objetivos debe perseguir la política fiscal. Y de acuerdo con ellos, darles libertad instrumental a las autoridades para alcanzarlos.