Las crisis financieras revelan deficiencias en la regulación y en la supervisión. Por tal motivo, provocan un endurecimiento de la normas. Estas se van debilitando luego, porque la innovación financiera la desactualiza y/o porque el regulador las relaja. La última crisis desató una oleada de activismo normativo. Las propuestas han tratado sobre el fortalecimiento, la cooperación y la unidad de las autoridades regulatorias y supervisoras; los requerimientos de capital y las provisiones contracíclicas; el monitoreo y prevención del riesgo sistémico; la fijación de límites al apalancamiento; la introducción de reglas para los vehículos de inversión fuera del balance; el establecimiento de normas más exigentes para prevención y supervisión del riesgo de liquidez; la supervisión de la estructura de gobierno corporativo y manejo de conflictos de interés de las calificadoras de riesgo; la reducción de la dependencia de las calificaciones para reglas prudenciales; la elevación de los estándares de originación de cartera hipotecaria; el alineamiento de la remuneración de los ejecutivos con los intereses de largo plazo de las firmas; la eficiencia de los sistemas de control interno; el reforzamiento de las juntas directivas de los intermediarios financieros; la necesidad de reglas claras sobre la contabilidad y valoración de productos estructurados y derivados de crédito; la revisión de la aplicación del principio mark to market para activos líquidos y su prociclicidad; el registro y liquidación de las operaciones de derivados en sistemas autorizados y a través de cámaras de contrapartida central; y la necesidad de una entidad encargada de recibir y analizar toda la información relevante para la estabilidad financiera.
Los principales puntos de la reforma de Obama son elevar los requerimientos de capital y liquidez; monitorear y prevenir los riesgos sistémicos; fortalecer la regulación para las instituciones sistémicamente importantes; establecer una autoridad de resolución para los intermediarios en problemas; introducir nuevas reglas para las titularizaciones y los derivados; proteger al consumidor; y lograr una mayor coordinación internacional. El enfoque norteamericano trata de evitar que la sobrerregulación le haga daño a una operación eficiente o a la innovación financiera. Los críticos sostienen que la propuesta no altera el balance entre supervisión y autorregulación. Por el contrario, mantiene el papel de la disciplina de mercado. Se ha cuestionado también la labor de super-regulador que tendría la Fed. Sus funciones como banco central podrían chocar con las de supervisor de las firmas demasiado grandes, e incentivar conductas de riesgo moral. Recientemente, el Presidente Obama adicionó la reforma. Primero, propuso que las entidades bancarias no puedan, para su propio beneficio, poseer, invertir o patrocinar fondos de cobertura, fondos privados de inversión u operaciones de trading no relacionadas con la atención a sus clientes. Luego, planteó extender el techo de un máximo de concentración del 10% de los depósitos en una sola institución, que ya existe para los bancos, a todos los intermediarios, para prevenir una consolidación adicional del sistema financiero. Y finalmente, instó a cobrar una tarifa a las grandes firmas para pagar el rescate del sistema financiero. A pesar de los dramáticos efectos de esta crisis, en Estados Unidos no se ha perdido la fe en la capacidad de innovación y de regulación de los mercados. Esa es una lección que deberíamos tener en cuenta en Colombia.