La tasa de desempleo en Colombia (11,3 nacional y 12,3% urbana) es alta en el contexto internacional, tanto en términos absolutos como en comparación con el producto per cápita. La explicación de su magnitud desproporcionada radica en causas tanto coyunturales como estructurales. Dentro de las primeras, la principal es la pronunciada desaceleración de la actividad económica desde 2008, que ralentizó la generación de empleo y deterioró el ingreso de los hogares. A pesar que se ha recuperado la creación de plazas de trabajo, la mayor participación laboral mantiene alto el desempleo. Entre las estructurales sobresalen la inflexibilidad a la baja de los salarios reales, los elevados costos laborales no salariales (CLNS) y el sesgo tributario a favor del capital. La inflexibilidad del salario real fue introducida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los altos CLNS surgieron de una inadecuada manera de financiar gran parte del gasto social. Estas “imperfecciones” del mercado laboral elevan, por una parte, la tasa de desempleo “natural”. Y por otra, magnifican el impacto de la desaceleración de la producción sobre el desempleo, en la parte baja del ciclo. Las gabelas tributarias a favor del capital –exención a la reinversión de utilidades, zonas francas y contratos de estabilidad tributaria-, a su vez, reduciendo el costo de uso del capital, encarecieron relativamente el trabajo. Las rigideces salariales y los sobre costos del trabajo por la inadecuada financiación del gasto social generan, además, una segmentación en el mercado laboral. Creando incentivos perversos, estimulan la participación de los empleadores y de los trabajadores en un creciente mercado de trabajo informal. La informalización de este mercado ocasiona mayores dificultades de financiación para el gasto público social. Una proporción cada vez menor de trabajadores y empleadores formales soportan la salud y la seguridad social de una población creciente que no aporta. Para que el desempleo y la informalidad dejen de contarse entre nuestros problemas económicos más apremiantes se requieren, por tanto, una reforma tributaria y otra laboral.