La Asobancaria defiende el libre mercado y los regímenes competitivos. Por esta razón, acata la reciente adecuación de la normatividad vigente sobre protección de la competencia, mediante la Ley 1340 de 2009, que concentró en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estas funciones. En su momento, a la Asociación le pareció inconveniente que se aumentara el número de supervisores del sistema financiero, en primer lugar, por los conflictos de competencia entre la SIC y la Superfinanciera (SFC). En segundo lugar, porque la industria financiera tiene complejidades específicas, que son mejor entendidas por un supervisor especializado, como la SFC. En tercer lugar, porque ésta cuenta ya con unos recursos importantes y un personal altamente calificado en temas financieros. Y finalmente, porque la SIC no tendrá poder alguno sobre la competencia desleal que surge de la operación ilegal de las entidades no vigiladas por la SFC.
A pesar de estos reparos, Asobancaria ofrece su apoyo y colaboración para el buen éxito de la SIC en sus nuevas labores. Por eso, con ánimo constructivo, ofrecemos algunas reflexiones sobre la promoción de la competencia en el mundo real. Ésta es deseable porque produce “eficiencia” (mayor bienestar). No obstante, no todas las soluciones eficientes surgen de la competencia. En consecuencia, el fin de la regulación no debe ser la competencia, sino la eficiencia. La visión estándar sobre promoción de la competencia se basa en modelos en los cuales se supone que ésta es perfecta. Estos modelos adoptan rendimientos constantes a escala e información simétrica. En la realidad, tales supuestos son una excepción, no la regla. Por tanto, algunas de las prescripciones regulatorias que surgen de tales modelos no son adecuadas. Además, ciertos criterios tradicionales de eficiencia -como el número de firmas, la igualdad entre los precios y los costos marginales o la ausencia de cooperación entre los competidores- devienen obsoletos. En estas circunstancias, el supervisor tiene que afinar el juicio en cada industria, para definir dónde traza la línea divisoria entre una firma “buena”, que aumenta su eficiencia con su tamaño, y una “mala”, que es demasiado grande y abusa de su posición dominante. El regulador, con el ánimo proteger el interés general, puede establecer barreras de entrada en una industria, que conduzcan a estructuras de mercado no competitivas. En estos casos, intervenir los precios puede resultar catastrófico porque desestimula la oferta.