Por los beneficios que tiene sobre el crecimiento de la economía, el desarrollo del país y el bienestar de la población, la bancarización es un propósito nacional. El Gobierno y el Congreso han tratado de estimularla recientemente de diversas maneras. El Ejecutivo lo ha intentado mediante la universalización de instrumentos de ahorro, creando primero las cuentas de ahorro de bajo monto y, posteriormente, las de ahorro electrónico. El Legislativo, a su vez, está debatiendo proyectos de ley para crear unas cuentas de ahorro social, para regular la metodología del cálculo de la tasa de usura y las comisiones bancarias, y para considerar discriminatoria la negación del crédito en razón de la posición económica. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, los vehículos escogidos por uno y otro no son adecuados.
Siendo un producto relativamente sofisticado, las cuentas de ahorro no constituyen el mejor instrumento para masificar el acceso al sistema bancario. Sus costos administrativos no permiten ofrecerlas a precios asequibles para todos los niveles de ingreso, sin requerir un subsidio. Pretender que el subsidio corra por cuenta de los intermediarios restringe la oferta y limita la libertad de empresa y la iniciativa privada. Minimizar los requisitos exigidos a los titulares de las cuentas, de acuerdo con sus niveles de ingreso, genera en primer lugar el problema de la verificación de las condiciones. Y en segundo lugar, establece un estímulo perverso para que quienes no tienen las calidades que les permiten acceder a ese producto subsidiado, intenten engañar a quienes lo ofrecen. Esto aumenta los costos de supervisión y, por tanto, los de provisión del instrumento. Además, la población de los niveles de ingreso mas bajo tiene escasa o nula capacidad de ahorro. Los medios de pago electrónicos, en cambio, son un instrumento idóneo para promover la bancarización porque sus costos son bajos. Para no encarecerlos, su tratamiento debe asimilarse al del efectivo. En particular, no deben ser objeto de gravamen alguno.
Fijar los precios de los servicios bancarios por debajo de su nivel de equilibrio -como ocurre con los proyectos de ley sobre la tasa de usura o las comisiones bancarias- en lugar de ampliar el acceso, lo restringe porque reduce la oferta y genera un exceso de demanda, que se resuelve únicamente mediante el racionamiento.
Considerar discriminatoria la negación del crédito en razón de la posición económica es una amenaza seria contra el sistema financiero. Eleva el riesgo en la industria y, por tanto, desestimula la inversión y la asignación de recursos a este sector.